Pérdidas indeterminadas

L os eventos catastróficos atraen la atención de gobiernos, entidades multilaterales, asociaciones empresariales, organismos de socorro y agrupaciones sociales, que se apresuran a ser partícipes del rescate de víctimas, provisión de albergues y el retorno a algo parecido a la normalidad. También prestan gran atención las aseguradoras y las instituciones financieras.

Gracias a las informaciones recabadas en el terreno de los hechos, y de fuentes oficiales y privadas, es común que pasada la tragedia se elaboren estimados acerca de los daños sufridos, estén o no estén cubiertos por pólizas de seguro. Esos datos se publican y quedan asociados en la memoria con el acontecimiento que los provocó.

No sucede igual con eventos menos espectaculares pero por igual dislocadores o destructivos, tales como asaltos, robos, delitos cibernéticos, interrupciones en el servicio de internet y fallos en el suministro de electricidad. Sus consecuencias económicas no son registradas y consolidadas de forma sistemática, siendo conocidas únicamente por aquellos directamente involucrados. Si se trata de eventos esporádicos cuyos efectos son marginales, esa omisión puede no ser significativa. Pero si por el contrario persisten durante largo tiempo, y exhiben comportamientos recurrentes, su impacto sobre el consumo, la inversión, la calidad de vida y el desenvolvimiento de las actividades productivas, debería ser objeto de estimación y documentación.

Tomando como ejemplo el servicio de electricidad, en nuestro caso los perjuicios causados por sus deficiencias han sido, y continúan siendo, muy elevados. A ese respecto, es frecuente asumir que el costo privado puede medirse por la vía de los gastos en que los usuarios deben incurrir para adquirir plantas, inversores y combustible, al que se añade el costo público resultante de las pérdidas vinculadas con la transmisión y distribución de la energía. Pero ésa es apenas una parte del costo real, posiblemente no la más cuantiosa.