Reclamo de 38 mil millones de pesos por el Estadio Félix Sánchez entra en fase final
Hay una demanda en justiprecio por una porción del terreno
La inversión económica realizada por el Gobierno dominicano, en su historia, por el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte, hoy Félix Sánchez, fue de una suma de mucho sacrificio. En los próximos días podría ser algo más. O quizás no.
Ni el valor del Estadio ni su última gran reparación para los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 (10 millones de dólares, RD$35.96 a la fecha) suman lo solicitado por los que reclaman un fallo a favor en demanda de justiprecio.
Se sabrá cuando se pronuncie el fallo en la Sala 3 del Tribunal Superior Administrativo.
La mañana de este martes, se realizó una audiencia, que podría ser la definitiva. Solo que la magistrada Claudia Peña Peña otorgó un plazo de 15 días a las partes recurridas para que depositen sus escritos de conclusiones sobre el caso y se reservó el fallo, que se sabrá pasada las dos semanas mencionadas, luego del estudio del caso.
La parte recurrente sostiene que la parcela 48 (14,750 metros cuadrados), una porción del terreno del Estadio Olímpico Félix Sánchez, pertenece a Altagracia Mercedes Pérez Saladín (fallecida) o su descendencia que va por una cuarta generación.
Un documento del Registro de Título así lo confirma. Plantean además que esos terrenos “nunca han sido declarados de utilidad pública”.
Pero la parte recurrida, el Ministerio de Deportes y Recreación, sobre quien pesa la demanda en justiprecio, advierte que la “determinación de heredero” no fue homologada por un tribunal de República Dominicana.
La existencia de una permuta es una interrogante por satisfacer.
La verificación de la permuta quedó inconclusa. El Ministerio Administrativo de la Presidencia solicitó al Tribunal más tiempo para seguir investigando ese punto, pero le fue rechazado el pedimento dado que se habían hecho varios aplazamientos a esos fines.
El terreno reclamado viene desde 1974, aunque sostienen, a través de su abogado, que va años más atrás desde la época del dictador Rafael Leonidas Trujillo.
Como resultado reclaman, en su demanda de justriprecio, el pago de más de 38 mil millones de pesos, más el pago del 1.5% sobre la deuda, además de otros mil millones contra la Dirección General de Impuestos Internos. Una “indemnización”, que supone será “pronto y efectiva”.
Así lo precisa la demanda establecida por José Ramón Borrell Ponce a través de su representante legal contra el Ministerio de Deportes y Recreación.
A través de su abogada, María del Carmen Martínez, el Miderec expuso una de sus conclusiones. “Que se rechace la solicitud de pago de justiprecio por improcedente, mal fundada y carente de base legal, toda vez que la parte recurrente no ha demostrado su calidad de heredero”, señala. “De manera subsidiaria que en el hipotético caso de que el Tribunal acoja la solicitud de pago del justiprecio, ordene el pago que el mismo sea conforme al monto establecido en el avalúo realizado por la Dirección General de Catastro Nacional”. De una manera similar concluyó el Ministerio de Hacienda. El avalúo de Catastro es de 10 millones, 311 mil, 350 pesos. Además del Miderec e Impuestos Internos, se encuentran vinculados al caso, Bienes Nacionales, la Procuraduría General de la República, Ministerio de Hacienda y el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Bienes Nacionales pidió “exclusión” del caso, así como Impuestos Internos. La función de Bienes Nacionales consiste en “velar por la conservación de los bienes inmuebles del Estado, formar y mantener al día el inventario de dichos bienes”.
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