El 2017 marcó el inicio del entramado de corrupción en el Intrant, según el Ministerio Público

El año 2017 marcó el inicio de un alegado entramado de corrupción que involucra al sistema de semáforos y de videovigilancia en el Gran Santo Domingo y por el que fueron apresadas siete personas, incluyendo el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras. 

Así lo indica la orden de arresto 2024-AJ0020784 emitida contra los siete señalados en el caso denominado por el Ministerio Público como "Operación Camaleón". 

De acuerdo al documento, en 2017 Jochi Gómez fue favorecido con varios contratos estatales en el país. Cita el otorgado a la empresa Dekolor S.R.L, de la que Gómez es co-gerente junto a Rogelio Ramón Oruña Aguilar, encargado de la emisión de licencias de conducir y que acumuló ingresos de más de RD$ 4,655 millones, cobrando RD$ 805.69 por cada una. 

El documento cita, además, que, en 2020, Gómez “se benefició de un contrato ilegal, consistente en un Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S., aunque este contrato no figura registrado oficialmente”. 

Transcore Latam S.R.L

La orden judicial indica que Gómez Canaán compró en mayo de 2022 el dominio “Transcore.com.do” y que habría usurpado la identidad del alemán Jörg Brinkmeyer “para crear fraudulentamente Transcore Latam S.R.L. Posteriormente, utilizando correos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa en la República Dominicana”. 

El documento indica que en julio de 2022 fue registrada Transcore Latam S.R.L. en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, “aunque la investigación demostró que ni Brinkmeyer ni Michael Mauritz, representante de TransCore LP en Estados Unidos, tenían relación con esta empresa o sus involucrados”. 

Cambios en el Intrant 

El documento señala que la trama avanzó tras la renuncia de Pedro Vinicio Padovani Báez como encargado del Centro de Control de Semáforos del Intrant el 30 de junio de 2022 y comenzó a trabajar con Gómez Canaán, una decisión que coincidió con la designación de Hugo Beras como director ejecutivo de la entidad. Tras la llegada de Beras, indica el documento, el proyecto fue suspendido “para incluir a las nuevas autoridades en la conspiración”. 

Desviación de fondos 

La orden de arresto indica que el proyecto de modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica, contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones del Intrant, estaba presupuestado en RD$ 104 millones, sin embargo, “en enero de 2023, Hugo Beras, en coalición con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), establecieron una asociación criminal para desviar fondos”. 

De 104 millones de pesos, el proyecto fue incrementado “sin justificación a RD$ 1,200 millones, un aumento del 1,053 %”.  El documento señala que no existía documentación técnica ni financiera que justificara el costo del proyecto.

Alteraciones a licitación 

La orden de arresto indica que el proceso de licitación fue objeto de alteraciones que incluyeron, entre otras cosas, una reducción de los requisitos de experiencia para participar, pasando de 15 años a solo 1.  

El documento detalla que “el número de controladores a nivel mundial requerido pasó de 15,000 a 1, y el mínimo de intercepciones se redujo de 40,000 a 1. Estos cambios fueron parte de una estrategia deliberada para facilitar la participación de la empresa en el proceso de licitación”. 

La orden indica que, aunque Transcore Latam S.R.L. no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, fue favorecida con la adjudicación del contrato. Cambios adicionales en el pliego disminuyeron el peso de la oferta económica e introdujeron términos vagos sobre la instalación de equipos. 

Falsificación de documentos y denuncias

La orden de arresto indica que los documentos presentados por Transcore Latam S.R.L., en el marco de la licitación, y que supuestamente evidenciaban los proyectos enlistados, “parecían ser impresiones de información extraída de sitios web en inglés”, además de las declaraciones juradas de ejecutivos de empresas de capital extranjero, como Transcore. 

Tras la adjudicación, en junio de 2023, representantes de Sictranscore Latinoamérica presentaron una denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por alegada apropiación indebida y uso no autorizado de información que fue presentada como propia por Transcore Latam S.R.L. En su denuncia, los ejecutivos indicaron que Transcore Latams S.RL. se habría apropiado indebidamente de credenciales técnicas de su empresa para participar en el proceso licitatorio y que no se había autorizado el uso de dichos documentos.

El documento señala que miembros del comité de compras y contrataciones del Intrant, durante la gestión de Hugo Beras, habrían desestimado las opiniones de otros peritos, garantizando así que Transcore Latam S.R.L. no fuera eliminada del proceso de licitación, pese a no cumplir con los requisitos necesarios. 

Estrategias de espionaje y chantaje

La orden de arresto indica que auditorías realizadas por las autoridades revelaron que equipos destinados para la vigilancia del tráfico, como las cámaras “estaban siendo utilizadas para un esquema de espionaje ilegal dirigido por José Ángel Gómez Canaán y Carlos Peguero, entre otros. Estos individuos utilizaron la información recopilada para extorsionar a ciudadanos, representando una grave violación a la seguridad pública y la privacidad”.