Dos crímenes, dos mujeres, dos historias diferentes

No era “la” fugitiva más buscada, como ha llegado a afirmar la prensa española, pero a partir de julio de 2022 el nombre de Francelys María Furcal pasó a engrosar la lista de prófugos de la justicia. Tres meses antes, el 22 de abril, había dado muerte al comerciante chino Chen Zongxin, de 34 años. Lapso durante el cual, apoyada en una red familiar dispuesta a salvarla de la cárcel, inició un periplo que la llevó hasta Madrid.

Identidad falsa, un cambio no tan radical de imagen y su radicación posterior en el distrito madrileño de Tetuán, conocido como “el pequeño Caribe”, le permitieron permanecer en libertad durante más de un año. Si el propósito era camuflar su presencia, Tetuán le vino como anillo al dedo. Nada en ella desentonaba. Ni el color de la piel, ni el acento, ni las palabras con sílabas cortadas. Ni que solo saliera por las noches, cual vampira, y evitara la intimidante luz del día.

En Tetuán tampoco llamaba la atención su cabello teñido de un rojo violento para enmarcar una cara de tez mulata. Este distrito de la capital española, y específicamente su barrio Cuatro Caminos, es territorio criollo, con más sombras que claridades. Su mala fama, posiblemente con mucho de prejuicio, es proporcional a la numerosa migración dominicana que en él se asienta. La pandilla “Los Trinitarios” y los conciertos de Rochy RD, que ponen en máxima tensión a la policía madrileña, se han dedicado con esmero a validar el sambenito.

La cámara colocada en el negocio ferretero para vigilar a los empleados y prevenir los hurtos de terceros, sirvió en ese abril para captar los cinco minutos transcurridos desde que Francelys María Furcal reaccionara a una agresión física de su empleador hasta el momento en que numerosas personas comienzan a congregarse alrededor del agonizante mientras ella huye.

En otro video, filmado el 15 de enero, un año y casi nueve meses después de la mañana que la convirtió en homicida, Francelys María Furcal aparece tratando de escapar nuevamente a un destino indeseado. Posiblemente la calidad de la grabación, de tres minutos y medio, distorsione el cromatismo de la escena. Vestida enteramente de negro en un espacio dominado por el blanco, su imagen frente al micrófono del tribunal es una metáfora. En el imaginario occidental, el negro traduce la villanía, el mal, la oscuridad. El blanco es lo inverso. Quizá porque está convencida de que ella encarna al primero, la Fiscalía española defendió su extradición a la República Dominicana, lugar al que ella no quiere volver.

Con voz entrecortada, Francelys María Furcal no alegó lo inalegable. Admitió haber “hecho mal” segándole la vida a Chen Zongxin, un hombre que prevalecido en su poder frente a los subalternos prodigaba maltratos físicos y verbales. Como si anticipara el cuestionamiento, fue clara en las razones por las cuales no abandonó su puesto en la Ferretería Z&C, en el tan populoso como pobre ensanche Luperón: madre soltera, tiene tres hijos a los que darles de comer. Renunciar al trabajo para eludir el maltrato no fue nunca una opción.

Con la solicitud de asilo denegada y ahora objeto de un recurso de revisión, y frente a una Fiscalía que tampoco otorga peso a la alegación sobre el riesgo a morir a manos de vengadores, es previsible que no escape a la extradición como pudo escapar del país con el concurso de los suyos más íntimos. Si así lo decide la justicia, convencida de que sus alegatos no encajan en el marco jurídico español, la metáfora de ella frente al micrófono habrá dejado de serlo para convertirse en la realidad que teme.

La otra cara de la moneda

La imagen de Carmen Jiménez en la foto policial es la antítesis de la implorante Francelys María Furcal. Con la barbilla en alto, la mujer que torturó a su sobrino de ocho años hasta matarlo, entrecierra los ojos a la cámara. Hay algo desafiante en ella, como si el crimen cometido y las consecuencias predecibles pusieran a prueba una entereza que quiere mantener a toda costa.

En el interrogatorio al que fue sometida, detalla minuciosamente las sevicias infligidas al niño. Golpes, heridas con un machete, desprendimiento de los dientes, violación anal con un hierro como castigo por no controlar sus esfínteres… Ninguna crueldad le pareció suficiente y las practicó todas. El día de su muerte, el pequeño sufrió nuevos maltratos. Atacado por las náuseas, padeció la violenta introducción de los dedos de la mujer en su garganta para obligarlo a vomitar. Sus súplicas de que no continuara le valieron de nada. Poco después, dejaba de respirar.

Carmen Jiménez no intentó escapar. Las evidencias del crimen determinaron su casi inmediato apresamiento. Tampoco rehuyó la confesión ni economizó detalles, por muy tétricos que fuesen. Sólo alegó, no está claro si en su defensa, que el pequeño la “sacaba de quicio”.

El caldo de cultivo

Dos crímenes. Dos mujeres. La publicidad de ambos casos, centrada en sus protagonistas, bloquea pensar en el los respectivos contextos. El proceso judicial, que tiene reglas ajenas a los legos, determinará el curso de uno y otro. Cuando las sentencias sean leídas, o muy posiblemente antes, los casos serán olvidados sin provocar ningún cambio en la mirada colectiva sobre la realidad social que los produjo.

El crimen cometido por Francelys María Furcal no habrá servido para que la sociedad y las autoridades laborales se detengan en el aspecto que desencadenó los hechos: la violencia en el lugar de trabajo. Pese a la amenaza de despido, y bajo la condición del anonimato, empleados de la ferretería relataron en su momento las frecuentes vejaciones sufridas. Quizá en el caso de Francelys María Furcal, esta violencia, captada en el video, no sea un eximente, de eso saben los jueces y los abogados. Pero la evidencia debió preocupar al Ministerio de Trabajo y poner a la sociedad a debatir la calidad de las relaciones laborales en el país. Nada entonces, nada ahora, ¿nada nunca?

La impiedad que provocó la muerte de un inocente tampoco servirá de mucho, si es que sirve de algo. La violencia goza de óptima salud en la sociedad dominicana. Cuando llega a los extremos alcanzados por Carmen Jiménez, se echa mano a los anteojos de la demonización del victimario, y todos tranquilos. Al fin y al cabo, el 57 % de los padres y madres consideran el maltrato físico un método correctivo enlistado en sus prerrogativas. Para más inri, han encontrado hasta hoy el favor del legislador, opuesto a tipificarlo como delito en el zarandeado proyecto de Código Penal.

Dos crímenes. Dos mujeres. Y una sociedad que viraliza a Yailin con unción ritual.