Presidente de Andeclip asegura condenas a médicos llevarán a clínicas a la quiebra
Rafael Mena pidió encontrar una pronta solución para que el pueblo no resulte afectado con el encarecimiento de los servicios
Las sentencias contra clínicas siguen aflorando; se conoce una condena de 2022 contra Hospiten
El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, afirmó que el pago de indemnizaciones fruto de demandas por mala prácticas médicas podrían llevar al quiebre a las clínicas pequeñas y medianas y lacerar notablemente a las más grandes.
“Fundamentalmente, se está dando los pasos para que desaparezcan todas las clínicas pequeñas y medianas y las grandes están en ese proceso también, para que desaparezca el sector privado, afectando al sector médico en sentido general”, dijo el galeno al ser consultado por Diario Libre.
“Eso conlleva a que, si desaparece el sector médico privado, va a parar en un monopolio. El dueño del capital financiero, no solamente privado, sino público, va a determinar, a decir lo que se haga y hay que someterse a eso”, destacó.
Mena entiende que esta situación de las demandas en los tribunales afecta “la medicina general, porque las decisiones sobre medicamentos, de las soluciones, dependen de esa concentración del capital”.
Recordó que es importante poner en práctica la Ley de Salud 87-01, que, a su juicio, “no han cumplido porque la inflación de salud iba a ser indexada de acuerdo a la inflación en el país. El Banco Central de la República Dominicana dijo que la inflación en salud es de 109 %. ¿Alguna vez se ha hecho eso? ¡No! No se ha hecho nunca. Económicamente, eso se va a extrapolar”.
Asimismo, explicó que, en Estados Unidos, donde el proceso de demandas de pacientes a médicos es habitual, se han formulado leyes que determinan muy bien las causas por las que un médico es condenable y fijan un tope salarial que no se puede sobrepasar para el pago de las indemnizaciones.
“Es una locura lo que está pasando aquí. Yo no sé qué va a pasar, pero tenemos que sentarnos y tratar de buscarle una solución, para ver que sea lo menos afectado el pueblo dominicano”, concluyó.
Demandas siguen aflorando
La sentencia de 10 millones de pesos que el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora debe pagar al paciente Félix Julián Encarnación Féliz, luego de que en 2018 le fuera amputada su pierna derecha tras contraer una bacteria luego de haber sido operado en dicho centro sanitario cuando sufrió un accidente de tránsito en Baní, abrió la estela para que se conozcan otros casos que se debatieron en la justicia dominicana.
Julio Landrón, director del Ney Arias, admitió que cuando asumió la gerencia del hospital ya había otras demandas en curso en los tribunales.
Otro aspecto importante es que estas demandas son parte de un largo proceso, que suelen tomarse hasta cinco años entre audiencias y reenvíos hasta que se conoce finalmente la condena.
Además de la sentencia del Ney, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó el pasado 23 de febrero al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones (Cedimat) al pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Ramón Aquiles Vargas y su hija Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, por el fallecimiento de Paula Antonia Rodríguez Morales, esposa y madre de los citados.
La sentencia afirma que Paula Antonia falleció a causa de múltiples infecciones tras contraer las bacterias “Enterobacter Cloacae Complex” y “Klebsiella K. Blee”, posterior a la operación que le fue realizada por el doctor de Cedimat, Giovanni Ureña, el 13 de marzo del año 2015, quien no le habría prescrito antibióticos, juzgándolo por “mala práctica médica en su tratamiento”.
Inicialmente, la familia Vargas Rodríguez solicitó el pago de una indemnización por 20 millones de pesos y acusó a la clínica de retención de cadáver si no saldaban la cuenta de 1.8 millones de pesos que hizo el internamiento de Paula Antonia en Cuidados Intensivos.
Asimismo, la Clínica Corazones Unidos fue condenada en 2023 al pago de más de 6 millones de pesos con dos sentencias emitidas por tribunales del Distrito Nacional, por mala práctica médica cometida en contra de dos pacientes.
En detalle, mediante la sentencia civil número 035-2023-SSEN-00954 del 9 de octubre del año 2023, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional conoció la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por la señora Angelina María Hernández Dalmau contra el oftalmólogo Diógenes Bergés Álvarez y Corazones Unidos.
La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoció el 29 de diciembre de 2023 el fallo de la demanda interpuesta por la paciente Milagros del Socorro Alba Fernández contra los cirujanos cardiovasculares Fausto Ferdinand Santos Steinemann, Ramón Antonio Almánzar Vargas e Ihara C. Fernández Bautista y la Clínica Corazones Unidos.
La sentencia civil número 1303-2023-SSEN-00407 establece que tanto los galenos, como el centro médico, deben pagar un millón setecientos cincuenta mil pesos a la paciente, 3.5 millones de pesos en total sumando ambas penalidades.
A Alba Fernández le habrían dejado una gasa en su pecho cerca del corazón durante una operación en dicha clínica.
Sentencia en 2022 a Hospiten
El 24 de febrero de 2022, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional condenó al Centro Médico Hospiten Santo Domingo al pago de una indemnización de seis millones de pesos a favor del señor Ricardo Alberto Ledesma y sus tres hijos menores de edad, por la muerte de la señora Arelys Gutiérrez Báez, esposa y madre de los antes mencionados, un día después de someterse a una cesárea y presentar un sangrado transvaginal con un embarazo de 36 semanas.
El informe indica que no se encontraron evidencias de las acciones tomadas por Hospiten para estabilizar a la paciente.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Matías Modesto del Rosario, juez presidente, Ynés Altagracia De Peña Ventura, Jorge Luis Reyes Lara y Pricila Martínez Tineo, jueces miembros en funciones.
Pacientes son advertidos
A través de un comunicado, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) mostró su inquietud por la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, que condenó a un mes de prisión y el pago de una indemnización ascendente a dos millones de pesos a un cirujano del gremio y a un conocido centro de cirugías plásticas de esta ciudad, tras declararlos culpables de mala práctica médica.
"Entendemos que se criminaliza la insatisfacción de una paciente y que esto daña la trayectoria de nuestros cirujanos plásticos", expresó el presidente de Sodocipre, Sergio Guzmán Padilla.
Guzmán Padilla además declaró que esta sentencia crea un precedente erróneo porque le acusan de mala práctica cuando lo que hay es una complicación e inconformidad estética de la paciente.
"Todos los procedimientos quirúrgicos, ya sean estéticos o no, tienen posibles complicaciones las cuales se informan de manera previa al paciente y el mismo entra a la cirugía en conocimiento de estas”, aseguró.
Sodocipre declaró que no se opone a que se lleve a cabo por el Ministerio Público el debido proceso, siempre y cuando esté apegado a las leyes y al respeto del buen ejercicio médico en nuestro país.
Al respecto, el Colegio Médico Dominicano (CMD) también se pronunció y convocó el pasado jueves 18 una protesta pacífica frente a la Suprema Corte de Justicia, a la que acudieron decenas de galenos, como señal de repudio a las condenas contra médicos, clínicas privadas y hospitales en los últimos meses.
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