Pedro Botello dice no participó en agresión al Congreso; Pacheco asegura hubo premeditación

El diputado Pedro Botello negó este jueves haber participado en las acciones vandálicas de una multitud que la emprendió a pedradas contra el edificio del Congreso Nacional rompiendo varias ventanas y cristales de vehículos.

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró tener pruebas de su implicación en los hechos y afirmó que hubo premeditación.

En ese sentido, Pacheco informó que apoderará a la Comisión de Disciplina de la cámara baja para hacer las investigaciones, cuyos resultados podrían con que el legislador sea sometido a un juicio político.

Botello dijo estar dispuesto a encarar el juicio disciplinario, al tiempo que afirmó que su presencia en la manifestación evitó un derramamiento de sangre.

El diputado de La Romana argumentó que los manifestantes fueron provocados por agentes de la Policía Nacional que lanzaron bombas lacrimógenas bajo la orden de un sargento, lo que provocó que la multitud enardecida respondiera a los uniformados arrojando las piedras.

Esa versión fue puesta en duda por el diputado Máximo Castro Silverio, vocero de la bancada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien aseguró que en las inmediaciones del Congreso Nacional “más fácil te encuentras con dos mil pesos que con una piedra”.

El diputado Alfredo Pacheco dijo tener los videos donde se ve quién lanza las piedras, así como filmaciones en redes sociales de gente diciendo que iba a la protesta con sus armas de reglamento, mientras tomaban piedras. Aseguró que fue comprobado que la agresión había sido premeditada.

De su lado, Botello señaló que nunca ha agredido al Congreso, “a diferencia de otros que en el pasado sí lo hicieron”, e informó que el próximo miércoles volverá a participar en otra protesta en el mismo lugar en reclamo de que se devuelva un 30% de los ahorros en los fondos de pensiones de los trabajadores.

La Constitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados señalan el procedimiento para destituir a un legislador de manera definitiva en caso de incurrir en faltas graves.

El artículo 169 del referido reglamento establece en su numeral 7 entre las faltas sancionables: “Los daños, destrucción o uso indebido de los equipos, sistemas o instalaciones de la Cámara, efectuados con intención dolosa”.

El Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados podría castigar al legislador con una amonestación privada, privación del disfrute de viáticos o hasta recomendar al pleno de la Cámara que lo acuse ante el Senado en un juicio político.

La Constitución en su artículo 83 indica que con el voto de dos terceras partes de la matrícula, la Cámara podrá acusar al diputado ante el Senado por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. A partir de ese momento, correspondería al Senado decidir si lo destituye, también con el voto de dos terceras partes de los senadores.

En caso de despojarle de su investidura, el legislador sería inhabilitado para desempeñar cargos públicos, sean o no de elección popular, por un período de 10 años, y quedaría a expensas de la justicia ordinaria en caso de que se le someta.