Gobierno somete proyecto para dar más poder sancionador a la Contraloría en los casos de corrupción

La Contraloría General de la República tendría más poder sancionador contra los funcionarios que cometan corrupción administrativa, podrá multar hasta con 200 salarios mínimos y tendrá la facultad de recomendar la separación definitiva del cargo contra los servidores públicos que cometan faltas graves.

La propuesta está resumida en un proyecto que depositó el Poder Ejecutivo en el Senado con el que busca modificar la Ley 10-07 de la Contraloría General de la República y así “atacar la corrupción administrativa para que no toque las arterias del aparato administrativo del Estado”.

De acuerdo con la iniciativa, la Contraloría tendrá el poder de sancionar a los funcionarios que falsifiquen documentos públicos, a los que destruyan o modifiquen registros y a los que se asocien con otros servidores para aprobar procedimientos que no cumplan con las normas.

El proyecto de ley establece nueve “faltas muy graves” con las que un funcionario podría ser sancionado e incluyen el ocultamiento de documentos que impidan que los auditores hagan su labor, realizar actos fraudulentos para operaciones prohibidas, empleo de maniobras para manipular equipos informáticos de control y vigilancia, no certificar órdenes de pago y solicitar, aceptar o recibir gratificaciones, dádivas o recompensas como pago por actos inherentes a su cargo.

Otras faltas que la Contraloría podrá castigar son el incumplimiento de recomendaciones que haga el órgano de control, inaplicar normas de control interno, resistirse o negarse a una auditoría, negarse a entregar datos que les sean solicitados y ocultar hechos que puedan perjudicar al Estado.

“La Controlaría General de la República tiene la potestad para la imposición de sanciones administrativas previamente cuantificadas y tipificadas en la ley, observando las garantías procesales establecidas en la Constitución”, establece el artículo ocho de la propuesta legislativa.

Sanciones

Las sanciones que contempla la ley abarcan amonestaciones escritas, multas de hasta 500 salarios mínimos, separación definitiva del cargo y suspensión sin disfrute de sueldo con hasta un máximo de seis meses.

Tres nuevos subcontralores y Unidad Antifraude

El documento enviado al Congreso también sugiere la creación de tres nuevos cargos denominados subcontralor técnico administrativo, subcontralor general de calidad y control interno y subcontralor general antifraude.

Asimismo, dispone la creación de una Unidad Antifraude de la Contraloría que deberá prevenir e investigar todas las actuaciones generados por presuntos fraudes o mal uso de los recursos estatales asignados a las instituciones públicas.

La Unidad Antifraude identificará hechos fraudulentos y determinará posibles responsables para canalizarlos hasta el Ministerio Público en los casos que sean de su competencia.

Senado

El proyecto fue depositado en el Senado el 29 de noviembre por el presidente Luis Abinader. Aún no ha sido remitido a comisiones para su estudio, pero se espera que en la próxima sesión de la Cámara Alta sea tomado en cuenta para su análisis.