Someten proyecto permitirá a diputados ratificar designación del procurador general

Un grupo de congresistas presentó y depositó este miércoles un proyecto de ley que busca agilizar los procesos judiciales relacionados a la corrupción administrativa y regular el proceso de selección de los procuradores.

El proyecto, expuesto por Juan Dionicio Restituyo y Ramón Ceballos, dispone que el Pleno de la Cámara de Diputados ratifique la designación del procurador general de la República, que no deberá asumir su cargo hasta que el órgano congresual conozca las razones de su nombramiento.

La pieza sigue dejando en manos de la Presidencia la designación de la procuradora o procurador, pero reitera que el nombramiento deberá ser conocido obligatoriamente por la Cámara de Diputados.

Con este nuevo aspecto, los proponentes del proyecto buscan que la designación del funcionario “sea más equitativa y justa” y que, en esencia, no quede en manos exclusivas del mandatario de turno.

“Reconocemos que el papel del procurador general es crítico en la lucha contra la corrupción. Por ello, proponemos establecer un proceso de designación más participativo para este cargo, siempre velando porque la persona seleccionada sea imparcial y esté comprometida con la justicia y el cumplimiento de nuestra Constitución”, alega el proyecto.

También, la pieza depositada ayer y enviada de inmediato a estudio en una comisión de diputados, establece que la designación de procuradores especiales la harán ambas cámaras del Congreso Nacional.

Jurisdicción especial

Para hacer más rápidos los procesos, el proyecto propone que los delitos de corrupción administrativa sean conocidos por jueces especiales y que, además, se cree una jurisdicción especializada para estos casos, de manera que la Procuraduría General de la República no tenga obstáculos en la investigación.

La comisión de diputados, encabezada por Restituyo, abogó por la aprobación del proyecto de ley al argumentar que actualmente impera “mucha lentitud” en los procesos para perseguir la corrupción administrativa.

“Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la lucha contra la corrupción es la lentitud y la falta de eficacia en el proceso judicial”, sostuvo el diputado del Frente Amplio.

Asimismo, destacó que la creación de una jurisdicción especializada para debatir los casos está ligada a un compromiso para agilizar la justicia porque, como ordena el proyecto, se designarán jueces dedicados exclusivamente a la corrupción administrativa, lo que asegurará un “enfoque más efectivo” en los procesos.