Finjus dice Gobierno busca cumplir acuerdo de Palermo con ley sobre tráfico ilícito de migrantes

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aclaró este jueves que el controvertido proyecto de ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, depositado a finales del año pasado por el Poder Ejecutivo, busca dar cumplimientos a varios acuerdos a los que arribó la República Dominicana ante organismos internacionales.

Citó que el ultimo de esos acuerdos fue el suscrito en Palermo en el 2006, cuando Leonel Fernández era presidente y establecía que los países signatarios debían crear una normativa para perseguir estos delitos.

“Todos los países que firmaron esa convención, instrumentaron una ley modelo, por lo que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un compromiso asumido desde el punto de vista internacional”, acotó.

Manifestó que el gobierno de Luis Abinader hizo bien al depositar el proyecto de ley para que sea sancionado por las dos cámaras legislativas, porque es de esta manera en la que se puede encaminar al cumplimiento de los acuerdos internacionales arribados hace 17 años.

Indicó que para la aprobación de esta ley se debe tomar en consideración el contexto de la República Dominicana y que no se vulnere la Constitución.

Tras la controversia generada por esta propuesta legislativa del Ejecutivo, Castaños indicó que los debates, quejas, objeciones y recomendaciones deben discutirse en el Congreso Nacional.

Incluso dijo que Finjus aprovechará la apertura del debate anunciado por el Senado para llevar sus recomendaciones a la pieza legislativa.

Reiteró que “es en el Congreso, que es el que tiene la atribución de aprobar la norma, que se tienen que dar los debates”.

El proyecto de ley

El Poder Ejecutivo pretende que con esta ley se le atribuyan nuevas funcionales a la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana (Citim), para “dar una respuesta coordinada de todas las instancias que políticamente administran y suplen los servicios de atención a las víctimas, cuya Presidencia será ejercida de manera rotativa cada dos años, conforme al orden sucesivo indicado en el artículo de integración del pleno, el cual está determinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, de la Mujer, un representante del Poder Judicial designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia; la Dirección General de la Migración, el Consejo Nacional de la Niñez, la Policía Nacional, el Ejército de la República, Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Turismo, de Interior y Policía, la Armada de la República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Salud (SNS)”.

“A través de este proyecto de ley, el Estado responderá integralmente a la trata de personas en todas sus modalidades, la explotación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio o unión forzada, el matrimonio o unión servil, la adopción irregular, la esclavitud, la venta o alquiler de niñas, niños o adolescentes, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, la explotación laboral, la utilización de niñas, niños y adolescentes en la comisión de hechos delictivos, extracción ilícita de órganos, el tráfico ilícito de órganos, la experimentación biomédica ilícita y otras formas de explotación”, dijo el mandatario Abinader en su carta a Eduardo Estrella, presidente del Senado, al depositar el proyecto el pasado 13 de diciembre. 

Lo que se busca

Contar con una ley sobre trata de personas que se ajuste a los tiempos modernos, que aumente los años de cárcel a quienes comenten este delito o que elimine el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de la trata sexual a menores de 18 años ha sido parte de los reclamos de la sociedad civil y de actores internacionales, como Estados Unidos, que anualmente emite un reporte que condena estos temas.