La violencia de la Policía levanta más críticas pero el Gobierno las defiende
La institución acumula 53,877 órdenes de arresto pendientes
Juristas reclaman límites al uso de la fuerza ante las muertes
La Policía Nacional tiene menos agentes en sus filas que personas requeridas por la justicia. Con 43,464 miembros, según la nómina de la institución al cierre de agosto, existen 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas: 7,401 requeridos más que policías y el equivalente a 1.24 órdenes por cada agente.
La dimensión cobra relevancia mientras el Gobierno endurece su discurso contra la delincuencia y enfrenta cuestionamientos por las muertes ocurridas durante intervenciones policiales.
La base de datos fue presentada ayer, un día después de que una investigación de Diario Libre revelara que solo tres de al menos 182 personas fallecidas en intervenciones policiales este año aparecían en la lista pública de prófugos de la institución.
El análisis partió de 354 registros publicados por la Policía entre 2022 y 2026, contrastados con Patrulla Letal, una base de datos que construye Diario Libre con las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado que trascienden a la prensa.
La Policía sostiene que su plataforma pública contiene solo una fracción de las personas requeridas. Alejandro Aracena, del área de Prófugos, explicó que cerca del 1 % de los casos llega a esa plataforma bajo la categoría de “los más buscados”.
Del total de órdenes pendientes, 22,832 corresponden a siete categorías:
Robo, con 11,587
Heridas y agresiones físicas, 6,066
Homicidio, 2,681
Drogas, 1,385
Secuestro, 647
Porte ilegal de armas, 399
Trata de personas, 67
Representan el 42.4 % del total.
El Gobierno defiende estrategia de seguridad
El presidente Luis Abinader reiteró a las personas con múltiples órdenes de arresto que se entreguen y anunció que el Gobierno continuará reforzando la seguridad ciudadana con más agentes, tecnología, equipos y la ampliación del patrullaje por cuadrantes.
“Lo que nosotros les repetimos es que se entreguen, porque hay equipos buscando”, manifestó el jueves durante la inauguración de la escuela primaria Ana Josefa Puello, en Santo Domingo Este.
La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y preservar la paz social. Al ser cuestionada sobre los denominados “intercambios de disparos”, sostuvo que quienes pretendan delinquir “tienen que atenerse a las consecuencias”.
Piden investigar las muertes
En contraste, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) pidió a Abinader disponer un “alto al fuego” ante las muertes registradas durante operativos policiales.
Cándido Simón, representante del organismo, sostuvo que la Policía tiene facultad para identificar y detener a personas en conflicto con la ley, pero no para matarlas. Además, pidió investigaciones independientes sobre los casos reportados como intercambios de disparos.
El abogado Manuel Sierra recordó que la Constitución dominicana prohíbe la pena de muerte. El IDDP insistió en que su reclamo busca proteger la vida y no justificar la delincuencia.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la lucha contra el crimen no justifica las ejecuciones extrajudiciales y llamó a garantizar que el uso de la fuerza policial respete la Constitución y las leyes. Recordó que el artículo 37 de la Constitución protege el derecho a la vida y sostuvo que los agentes deben distinguir entre una amenaza real e inminente y aquellas situaciones en las que no se justifica emplear fuerza letal.
Castaños Guzmán reconoció que los policías necesitan respaldo legal e institucional, pero acompañado de controles y mecanismos de rendición de cuentas. También respaldó la modernización de la institución y una política integral de seguridad.