Fiscal revela que Wander Franco era agente de la DNCD y fue dado de baja por mala conducta
El pelotero fue enviado a juicio de fondo por supuesto abuso sexual, secuestro y seducción de una menor de edad
El jugador de Grandes Ligas, Wander Samuel Franco Aybar, era agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), según reveló este jueves el Ministerio Público durante la audiencia donde el pelotero fue enviado a juicio de fondo por supuesto abuso sexual, secuestro y seducción de una menor de edad.
El fiscal litigante durante la vista, Claudio Cordero, informó que el beisbolista fue dado de baja de la institución por mala conducta.
"Dejó de pertenecer a la institución -a la DNCD- en el año 2021, según la certificación que tenemos en nuestro poder", expuso el funcionario judicial.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Puerto Plata, Pascual Valenzuela, dictó auto de apertura a juicio contra Franco Aybar.
Asimismo, fue enviada a juicio la madre de la presunta víctima, Martha Vanessa Chevalier Almonte, acusada de trata, explotación sexual y lavado de activos.
De acuerdo al expediente, el campocorto de los Rays de Tampa Bay mantuvo una relación de meses con una adolescente de 14 años cuando él tenía 21.
El órgano acusador establece en el expediente que Nancy Yudelka Aybar, madre de Franco, realizó varias transacciones financieras
Según la investigación, se registran varias transferencias financieras a la madre de la menor de edad, a cambio de ocultar la relación amorosa entre el jugador de béisbol y la adolescente.
El magistrado Cordero asegura que en la próxima etapa del proceso demostraran la violación de los ilícitos penales que son presentados contra los dos imputados.
De acuerdo con el expediente, Franco violó las disposiciones del Principio V de los artículos 25, 396 literales B y C, 409 y 410, el de la ley 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
También afirman que el pelotero de los Rays de Tampa quebrantó los artículos 265, 266 y 331 del Código Penal Dominicano, así como, los artículos 3 de la Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
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