Suspenden registros de proveedores del Estado a 22 legisladores

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este lunes la suspensión de oficio de los registros de proveedores del Estado (RPE) de dos senadores y 20 diputados que fueron electos para el periodo 2024-2028.

Entre los legisladores a los que se les suspendieron los registros para vender al Estado están las diputadas Kinsberly Taveras, Fanny Selinés Méndez Simonó, los senadores de Bahoruco e Independencia, Andrés Guillermo Lama Pérez y Dagoberto Rodríguez. Además, respectivamente, así como al diputado Charles Noel Mariotti Paz.

A Kinsberly Taveras Duarte se le canceló el registro del Colegio Domínico Chino CDC, SRL, el cual también se le suspendió en el 2020 cuando era ministra de la Juventud y que se le restableció seis meses después de dejar de ser funcionaria. 

En tanto que a Selinés Méndez se le suspendió el de tres empresas.

Una comunicación de la DGCP explica que la cancelación se hizo a través de la Resolución Núm. DGCP-DG-02-2024 a los congresistas que se encuentran dentro del Régimen de inhabilidades dispuesto en el artículo 14 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, que indica que los miembros del Poder Legislativo no pueden contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales hasta seis meses después de su salida del cargo.

En la nota de prensa el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que la suspensión no constituye una sanción sino, más bien, que busca prevenir posibles conflictos de interés y contribuir con la transparencia del sistema de compras en el Estado.

 

Funcionarios electos mayo 2... by Diario Libre

Pimentel agregó que se hizo el cruce de las informaciones de las personas que ocupan cargos de diputados al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y senadores, así como sociedades comerciales relacionadas, dando como resultado la suspensión del RPE de 22 funcionarios electos en la que estos presentan una participación societaria superior al diez por ciento (10 %) del capital social.

Mediante una nota de prensa, el órgano rector informó que el acto administrativo contentivo con dicha decisión fue enviado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas para los fines correspondientes.