Las Parras se libera del tema legal, pero sigue empantanada en lo económico

Sin entrar en mayores detalles, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó durante su rendición de cuentas la pasada semana, que el Ministerio Público “ha concluido amigablemente” los contratos con las empresas involucradas en la construcción de Las Parras o Nueva Victoria.

Esos contratos, que forman parte de la investigación que llevó a la acusación judicial del conocido caso Medusa por el supuesto pago de sobornos y adendas irregulares, son la causa inicial invocada por la actual gestión de la Procuraduría para detener la terminación de una obra propuesta como solución al problema de hacinamiento que se vive en el penal La Victoria, el más congestionado del país.

Según la procuradora, las empresas con las que se llegó a acuerdos, dado que no fueron judicializadas en el caso, son Constructora Pablo Yarul & Asociados, S.R.L., Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L. y el Consorcio Remix-Rotilla.

• “Esto significa que se han superado todos los obstáculos legales y contractuales para permitir que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), conforme el mandato de la Ley 160-21, pueda llevar a cabo la culminación de esta obra tan crucial e importante”, dijo Germán Brito en su alocución del pasado 26 de marzo.

No informó, sin embargo, bajo cuáles términos se logró dar por terminados los contratos originales. Fuentes de Diario Libre dicen que se hizo mediante una indemnización a favor del Estado de varios millones de pesos, pero sin precisar un monto.

Aunque se solicitó información a la Procuraduría, aún no se produce una respuesta.

Representantes de algunas de las referidas empresas figuran como testigos del ministerio público en el expediente que instrumentó la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y varios de sus colaboradores.

Uno de ellos es Francisco Humberto Pezzotti Grullón, de la Constructora Woxxen, quien, de acuerdo con la acusación, declaró al ministerio público que le prometieron adjudicarle el Lote 4 de la Nueva Victoria a cambio de entregar el 20 % del contrato, firmado originalmente por 692 millones de pesos, más una adenda de 106 millones.

Según el expediente, Pezzotti Grullón admitió haber pagado 83 millones de pesos en soborno de 138 millones que le exigían, y habría declarado que se le amenazó con “fabricarle un expedientico” si no entregaba el dinero.

La más ambiciosa del Plan de Humanización

Las Parras fue la más grandes de las obras a levantar en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que inició en 2018 el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el que incluyó la construcción de cárceles en varios puntos del país. Pero, de acuerdo con la acusación que hizo el ministerio público en el caso Medusa, dicho plan fue usado para estafar al Estado con más de 6,000 millones de pesos.

“El Plan en su totalidad fue adjudicado de manera fraudulenta, sin excepción. El proyecto presenta niveles de imprevisión escandalosos, como órdenes de cambio que sobrepasan el 50 %; es evidente que primero se cubicó ideológicamente las ganancias por medio de extorsión, sobornos y maniobras fraudulentas que la planificación estratégica de tan costoso plan construido a un costo de más de diez mil millones de pesos”, dice la acusación del ministerio público, presentada en julio de 2022.

El órgano persecutor estimó en un 20 % el soborno que se exigió a suplidores y contratistas.

Para Las Parras, que conllevó la construcción de múltiples edificaciones que en conjunto tendrían capacidad para unos 8,000 reclusos, se subdividió la obra en cinco lotes contratados a igual número de empresas.

Además de las ya citadas, la otra fue Mac Construcciones, SRL, la empresa de Lisandro José Macarrulla Martínez, quien admitió la acusación de soborno, desfalco y asociación de malhechores que le imputó el ministerio público. A la compañía se le adjudicó el lote 5, que implicaba levantar las áreas administrativas del nuevo penal, adjudicado por un monto de 1,298.8 millones de pesos.

La vigencia de dicho contrato pende ahora de la consideración del juez de instrucción que conoce el caso Medusa y que deberá decidir si acoge o no la petición que le hace el ministerio público de un juicio penal abreviado contra Macarrulla Martínez, para el que pide una condena de tres años de pena suspendida.

Además, ha solicitado la cancelación del registro mercantil de Mac Construcciones a partir de dos años contados a partir de la fecha de la sentencia; y el decomiso a favor del Estado de 77, 039, 816 pesos como monto retenido por la Procuraduría, por concepto del 5 % del costo total de todos los trabajos realizados como garantía de vicios ocultos, tal y como quedó establecido en el contrato de ejecución.

También deberá entregar al Estado 57,389 577.65 mediante cheque de administración a nombre de la Procuraduría, como indemnización al Estado por la forma fraudulenta en que se adjudicó la obra, más un inmueble valorado en 20,243,000 pesos.

Presupuesto

Salvado el impedimento legal de los contratos anteriores, que permitirán al Ministerio de la Vivienda recontratar nuevas empresas para una terminación por fase, la traba actual de Las Parras la constituye el presupuesto que, de acuerdo con el presidente de la República, implica una derogación adicional de más de 1,600 millones de pesos para poder hacer las adecuaciones que requiere.

Desde noviembre del año pasado el Mived contrató, mediante licitación pública, por un monto de 385,011,219.13 pesos, al Consorcio Grupo Trifortis para “la conclusión de la construcción Fase I del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras”. Dicho contrato abarca la terminación de aulas educativas, áreas de visitas infantiles, nave para talleres y un edificio de acceso alterno, según el desglose de planos arquitectónicos que acompaña el proceso de licitación.

Durante uno de sus encuentros con la prensa en el espacio LA Semanal, el presidente Luis Abinader indicó que la construcción de la cárcel está lejos de terminar y que, según le dicen los ingenieros, en una de las fases actuales que se trabajan, se tomaría por lo menos un año.

Una semana después, en el mismo espacio, el mandatario dijo que: “estamos buscando los recursos, incluso, muchos de los recursos que vamos a utilizar en esta reforma, o una gran parte de los recursos, son recuperación, del dinero de la corrupción, de los acuerdos que han hecho personas con el ministerio público”.

En su rendición de cuentas, la Procuradora dijo que había entregado unos 300 millones de pesos de dinero recuperado al Ministerio de la Vivienda, muy por debajo del presupuesto que estimó el mandatario para terminar Las Parras.

También dijo que como ya, hacía unos días, se podía licitar partes que antes no se podía, se creaba una comisión de seguimiento a la solución de Las Parras, para que le den seguimiento a la transición y a las licitaciones.