Abogados piden al presidente Abinader convocar legislatura extraordinaria para derogar ley DNI
Aseguran que la pieza es inconstitucional y que constituye un ataque al estado de derecho
Además, manifestaron que la libertad de expresión "le costó mucho" a los periodistas dominicanos
El expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) Miguel Surún Hernández pidió el viernes al presidente de la República, Luis Abinader, que convoque a una legislatura extraordinaria para derogar la Ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI).
La pieza legislativa fue aprobada el pasado 10 de enero por el Senado de la República con la intención de proteger los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado. La decisión fue aprobada en dos sesiones consecutivas y ya promulgada por el Poder Ejecutivo.
En una segunda manifestación, decenas de abogados partieron desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional en rechazo a la ley, al entender que esta constituye un ataque al estado de derecho y a las instituciones democráticas del país.
Surún Hernández reiteró que la libertad de expresión le ha costado mucho a los periodistas dominicanos, por lo que sus protestas se mantendrán firmes hasta que sea derogada.
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Advirtió que esta legislación permite la interceptación extrajudicial de comunicaciones telefónicas y electrónicas y que además, impone sanciones a quienes no entreguen la información solicitada por la DNI.
De acuerdo con Surún Hernández, el artículo 26 de la legislación es preocupante, ya que establece penas de 2 a 3 años de cárcel para periodistas, abogados, médicos, bancos, empresas telefónicas y cualquier entidad pública o privada que se niegue a entregar información.
A su juicio, esta ley pone fin al secreto profesional del abogado, a la cláusula de conciencia del periodista y al secreto médico, bancario y de las comunicaciones, "institucionalizando así la intromisión del Estado".
Pidió mayor atención al artículo 11 el cual establece: "Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal estarán obligadas a entregar a la DNI todas las informaciones que se requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento, relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia, a los fines de salvaguardar la seguridad nacional".
El proyecto de la DNI estuvo en el Congreso desde el 2021, cuando el Poder Ejecutivo lo sometió al Senado. Perimió varias veces y fue asumido por los legisladores Milciades Franjul, Julito Fulcar y Pedro Tineo.
Pancartas y ataúd en mano
Los abogados y representantes de la sociedad civil se presentaron con pancartas en mano vociferando "no a la dictadura", "libertad de expresión".
Además de los carteles, llevaron un ataúd con el cual gritaban que en el país "ha muerto la democracia".
El jurista agregó que la Policía Nacional se ha convertido en una institución política y que está trabajando para reprimir la oposición siguiendo órdenes del Gobierno.Decenas de agentes de la Policía Nacional y de Operaciones Especiales (Lince) se encontraban en las inmediaciones del Palacio Nacional.
De acuerdo con Surun Hernández, los uniformados le cambiaron la ruta que tenían pautada para llegar hasta el Palacio Nacional.
Desde el pasado 22 de enero una representación de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) se reúnen para dialogar sobre la Ley 01-24 que crea un nuevo marco para el manejo de las agencias de inteligencia en el país.
La SDD está representada por su presidente y director del periódico El Nuevo Diario, Persio Maldonado; su vicepresidente y presidente de Diario Libre, Aníbal De Castro, y el asesor legal y tesorero, Manuel Tapia López.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, espera que la comisión designada para evaluar la pieza pueda rendir su informe lo antes posible. El informe corre a cargo de dos abogados de la SDD y dos del Poder Ejecutivo.
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