TSA falla contra empresa Transcore Latam en caso del contrato del Intrant

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló en favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas y en contra de Transcore Latam S.R.L, empresa que había sometido una medida cautelar para que no se suspenda el contrato con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), sobre la red de semáforos inteligentes, cuyo expediente está en el Ministerio Público. 

Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, dio a conocer la información en X, al indicar que el TSA emitió la sentencia 0030-01-2023-SSMC-00127, en la que “consideró que no fueron probados los méritos para adoptar una medida cautelar contra la resolución de la DGCP”.

A través de la medida cautelar, Transcore Latam S.R.L, cuyo dueño es José Ángel Gómez Canaán, buscaba que no se suspenda el acuerdo para la "Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo", por un monto de RD$1,317,350,997.00.

Las investigaciones de Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría comprobaron “la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras".

En ese sentido, mediante la Resolución Ref. RIC-179-2023, se dictó la inhabilitación contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., por presentación de documentación falsa o alterada, en el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN¬2023-0001.

El contrato fue firmado entre la empresa y Hugo Beras, director de ese entonces del Intrant, quien defendió el contrato, pero más adelante, cuando salieron las irregularidades, pidió licencia de su cargo al presidente Luis Abinader.

Durante las pesquisas, la DGCP identificó un entramado societario, “con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final", informó Pimentel en ese entonces. 

El expediente fue remitido al Ministerio Público, órgano que ejecuta el ciclo de investigación para luego decidir si procede o no con los sometimientos en los tribunales.