La Policía Nacional es la institución que más viola los derechos humanos

En ocasión de la conmemoración este domingo 10 de diciembre del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó ayer jueves el primer Informe Nacional de Derechos Humanos 2023.

El documento establece que la salud y los abusos a la integridad son los derechos más vulnerados en República Dominicana, seguidos por el derecho al trabajo, la justicia y la igualdad.

El informe, centrado en las deficiencias que faltan por cubrir para garantizar la efectividad de los derechos constitucionales, señala que el derecho a la salud ocupó el primer lugar en el reclamo ciudadano.

Tras entrevistar a 1,220 personas en la segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizar seis rondas de consultas regionales con diversos funcionarios y analizar 3,330 menciones alusivas al tema en los medios de comunicación, el reporte atribuye la vulneración de este derecho a “la insuficiente cobertura horizontal y vertical del seguro de salud, el despojo del aseguramiento al momento de la pensión, la exclusión de enfermedades y condiciones (como la salud mental) del aseguramiento en salud y los altos costos de los servicios”, según la opinión del 67 % de la población.

Las clínicas y hospitales son percibidos por los encuestados como espacios de vulneración de derechos. El 25 % alegó vulneración de algún derecho durante los últimos doce meses en una clínica y el 24 % en un hospital.

La valoración del derecho a la salud en los medios fue negativa en el 67 % de los casos, derivada de la confrontación entre el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS); muertes neonatales; incidencia de enfermedades y el estado de instalaciones hospitalarias.

Hubo valoraciones positivas por la construcción e inauguración de hospitales, las campañas de prevención de enfermedades y los recursos destinados por el Gobierno para mejorar la atención en salud.

Menos respeto

En todas las regiones de República Dominicana, la Policía Nacional alcanzó el primer lugar como la institución que menos respeto tiene a los derechos humanos y el abuso policial fue destacado entre las acciones de los agentes del orden, junto a arbitrariedad, represión psicológica y represión física, uso desproporcionado de la fuerza y la crueldad.

El abuso policial recogió el 59 % de las denuncias de violación al derecho a la integridad, por lo que resultó la vulneración más reiterada. El 53 % de los consultados calificó a la Policía como la institución que menos respeta derechos.

En el caso del manejo de los agentes en los destacamentos, precisa que, estos espacios son vistos como un lugar de conculcación de derechos (que incumplen la ley).

Ulloa manifestó que tiene amplias expectativas de que el proceso de reforma policial se impulse desde el Poder Ejecutivo y dote al país de una institución respetuosa de los derechos, garante del libre ejercicio y convivencia pacífica, sin uso desmedido de fuerza.

Triple empate

Al referirse a los otros pilares del informe, Ulloa resaltó que el trabajo, la justicia y la igualdad ocupan un triple empate entre los derechos más desafiados.

Se refirió al trabajo infantil, la discriminación, así como la trata de personas con fines de explotación sexual y comercial. Además, declaró que el reporte mostró que una gran cantidad de dominicanos cree que hay privilegios en el cumplimiento de las leyes.

En las consultas, el derecho a la justicia quedó  como el menos garantizado en el país por un 26 % de los entrevistados. La clase media baja y los jóvenes fueron los más críticos del sistema de justicia.

El 78 % de la población considera que en República Dominicana las leyes no aplican a ciertos grupos privilegiados, mientras que solo el 21 % opinó que todas las personas son iguales ante la ley.

También se reportó desigualdad hacia las personas con alguna discapacidad en el 53.4 % de las opiniones o de sexo femenino por el 63 %.

La integridad personal se vio violentada por acciones de las bandas criminales, los hechos delictivos  en general y los intercambios de disparos entre agentes e individuos.  También por apresamientos ilegales, el irrespeto a la publicación de la identidad de apresados, los dictámenes desacertados de medidas de coerción, denuncias de atropello y tortura por parte de agentes policiales y las denuncias de reclusos que ya han superado el tiempo de encierro temporal.