Experto: el derecho a la libertad no puede ser disminuido por el Congreso

El anuncio del Poder Ejecutivo de modificar el Código Procesal Penal (CPP) para que en esa norma se imponga la prisión a los acusados con “reincidencia en el delito” implica disminuir el derecho a la libertad que garantiza la Constitución dominicana y los convenios internacionales, estos últimos suscritos y ratificados por el país, por lo que esa garantía no es exclusiva de la Ley 76-02.

Así lo explicó a Diario Libre el exdirector de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio Público para la Reforma Procesal Penal (2004-2006), Ramón Emilio Núñez, quien entiende podría haber algunos aspectos que mejorar en el CPP, pero que la “idea de disminuir las garantías no le está permitido al legislador” porque “eso es ya un tema que escapa a su posibilidad en el contexto constitucional dominicano”.

No es reincidencia

También el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aclaró que el hecho de que una persona “haya sido sometida varias veces a la justicia no lo hace reincidente, sino una sentencia que haya adquirido la autoridad de las cosas juzgadas”. 

Aunque consideró que   las leyes no son estáticas y están sujetas a cualquier modificación, Castaños Guzmán afirmó que los códigos no son herramientas de prevención, porque solo intervienen ya cuando se ha materializado un delito. 

En ese sentido, dice que hay que analizar qué es lo que está causando el incremento de una serie de delitos que son el producto de la nueva modalidad del crimen y que el actual Código Penal de hace dos siglos vigente en el país no establece “y ahí sí se le crea un problema a los fiscales y a los jueces”.

Problema de eficiencia

Ramón Emilio Núñez, quien preside el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (Iced) y es exdirector de la Escuela del Ministerio Público, definió las garantías como “técnicas para limitar el poder” y “evitar la arbitrariedad”. 

Aseguró, asimismo, que el problema que se atribuye a los procesos penales tiene su origen en que “policías y fiscales no han logrado trabajar en equipo” y no que “haya muchas garantías”.

Sostuvo que el tema abre una especie de discusión acerca de la credibilidad del Poder Judicial, pero no es así.

Sostiene que se trata de que la policía asuma su responsabilidad de colocarse a la altura del diseño constitucional de las garantías y Ministerio Público el rol de tener la dirección de la investigación. 

“Estos dos operadores no pueden pretender que su falta de eficiencia sea algo que tenga que pagarse con la disminución de derechos de los dominicanos”, dijo.