Contratistas piden de nuevo al presidente autorice pago de deuda por RD$380 millones

Un grupo de ingenieros y arquitectos, contratistas de obras del Estado, están solicitando de nuevo al presidente Luis Abinader que ordene el pago de la deuda que diferentes instituciones estatales mantienen con ellos, cuyo monto es de unos 380 millones de pesos.

En un comunicado dirigido al mandatario, el grupo de constructores agrupados en el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), expuso que la deuda corresponde a diferentes proyectos, algunos con más de 20 años, y su pago pondría fin al martirio que aseguran atraviesan, junto a sus familias.

De acuerdo al documento, los ingenieros presentaron la situación a Abinader antes de que fuera presidente, entre los años 2015 y 2019 y posteriormente, en el año 2020 al Ministerio de la Presidencia, a instancias del ya jefe del Estado.

Destacaron que depositaron en el Ministerio de la Presidencia la documentación depurada por los diferentes organismos del Estado y que han pasado tres años y aún no se ha iniciado el proceso de pago.

"La firme voluntad de cobrar nuestras acreencias de esta masa de contratistas defraudados, no se detendrá ante tantos obstáculos y continuará en otros escenarios de lucha a riesgo de sus propias vidas. Nos alienta, sin embargo, señor presidente, que siempre hemos sentido su respaldo y que la solución a nuestro problema esté en sus manos", recalcaron.

Explican los profesionales de la construcción que otros proyectos terminados pendientes de pago son los 50 centros de diagnósticos y atención primaria, la remodelación de 56 hospitales y la construcción de escuelas, también les fueron presentados y expuestos, recibiendo siempre del Presidente interés, comprensión y apoyo para resolver el impasse.

“Sobra decir que se trata de obras formalmente sorteadas, licitadas y contratadas, ejecutadas conforme a las normas que exige la alta ingeniería y que fueron recibidas y puestas en operación por el Estado para contribuir al desarrollo de las diferentes comunidades del país, por lo que la negativa a su pago resultaría en un funesto precedente para el Estado dominicano”, expresan los contratistas.