Presidente delega en Ortiz Bosch verificación de cumplimiento en obras con nudo legal

El presidente Luis Abinader creó una comisión integrada por funcionarios de los órganos de control y fiscalización del Estado para supervisar el cumplimiento de la Ley 118-21, que abrió el camino para continuar la construcción de obras paralizadas por encontrarse en un nudo legal. 

El mandatario delegó a Milagros Ortiz Bosch, Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, la responsabilidad de coordinar el equipo, integrado también por Carlos Pimentel, Director General de Compras y Contrataciones Públicas; y Félix Antonio Santana García, contralor General de la República.

En la orden ejecutiva se indica que desde el inicio un equipo de funcionarios ha dado seguimiento estricto a la Ley 118-21, “como se refleja en los portales digitales y documentación producida, tanto por los entes constructores como por los órganos de control y fiscalización, pero resulta conveniente que, en cumplimiento de la propia norma, este equipo se formalice mediante el presente instrumento, para mayor eficacia de su función supervisora”.

La Ley número 118-21 tiene el objetivo de permitir la terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encontraban suspendidas "por falta de partidas presupuestarías que permitan la cubicación, debido a que las mismas superan el veinticinco por ciento del monto inicial contratado o aquellas que no han iniciado". Todas ellas fueron contratadas durante el gobierno de Danilo Medina.  

La finalización de esas infraestructuras se lleva a cabo según un plan de terminación elaborado por el Ministerio de Educación (MINERD) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

La norma especificó que los proyectos incluidos en esa excepción son los tramos I y II de la Carretera Circunvalación Azua, la Carretera Barahona Enriquillo, la Carretera Turística Santiago-Puerto Plata y la Ampliación Autopista Duarte. 

También, los diecinueve hospitales identificados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), “los cuales no cuentan con partidas presupuestarias disponibles para cubicación por haber agotado el límite legal y aquellas contratadas por el Ministerio de Educación (MINERD) en cinco procedimientos de sorteos de obras.

Las entidades públicas autorizadas a la ejecución de nuevas adendas que superen el veinticinco por ciento también tienen la obligación de presentar un informe al presidente de la República al término de los contratos y dicho informe será remitido al Congreso Nacional.

El decreto responde al mandato de la referida ley que, en su artículo 15, establece que “el presidente de la República designará una comisión para la supervisión de la ejecución de la presente ley, la cual será coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental”.