Las “operaciones” irregulares siguieron en Ministerio de Hacienda luego de las elecciones 2020

El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), una de las personas propuestas como testigo por el Ministerio Público en el caso de las supuestas irregularidades cometidas en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno pasado, declaró que parte de las operaciones que se catalogan de irregulares en el caso continuaron aún después de la campaña política de 2020, debido a que había que cubrir un faltante.

Durante el interrogatorio que le práctico el Ministerio Público en abril de 2022, a cargo de Wilson Camacho, como titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, el empresario dice haber entregado miles de millones de pesos al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. También que el dinero lo entregó por orden del exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

“Se hizo una operación, no puedo precisar en estos momentos con cuántos expedientes, pero digo una operación porque sé que tenía un único motivo, ese motivo era porque supuestamente había un rojo, es decir, un faltante que había quedado de la campaña”. Señala que fueron a la oficina del candidato de entonces, Gonzalo Castillo (a llevar el dinero) y que el exministro Donald Guerrero le indicó que estaba haciendo eso por requerimiento de Gonzalo Castillo.

Jiménez también ofreció detalles de cómo se organizó el cobro de dinero a varios establecimientos para beneficio particular. 

Contó que presentó un proyecto al exministro Guerrero, con quien tenía una amistad que se afianzó a partir del año 2012, con el que pretendía regularizar las bancas de loterías y apuestas y las máquinas tragamonedas en los colmados.

Dicho proyecto lo habría organizado junto con Fernando Crisóstomo, otra de las personas que tiene como testigo el Ministerio Público en el caso contra los veinte detenidos durante la Operación Calamar.

Jiménez Collie dijo que del proyecto se colectaban entre 25 y 30 millones de pesos al mes, y que solo en la primera etapa, él, Crisóstomo y José Arturo Ureña se repartieron unos seis a siete millones de pesos, entre los tres.

Indicó que el exministro Guerrero tenía conocimiento de las operaciones y que, en una ocasión, le pidió el nombramiento de una persona para facilitar su funcionamiento. 

De las expropiaciones

Respecto a los supuestos pagos por expropiaciones irregulares que señala el Ministerio Público, planteó que inició en el esquema porque Guerrero le comentó que necesitaban más dinero para la campaña interna, que estaban en 2019 y que Gonzalo Castillo necesitaba más recursos.

“Lo que estoy diciendo es que primero surgía la necesidad”. 

Dice que los expedientes que, por lo regular lo seleccionaba Crisóstomo, se buscaban acorde al monto que se necesitaba, pero que él creía que los expedientes eran legales y que era una forma legal de financiar las campañas. Si la necesidad era de 300 a 500 millones de pesos, se buscaban casos que cubrieran esa cantidad, los gastos operacionales y la parte de ellos, agrega. 

Señala que, por su papel en ese esquema, que define como mediador con el exministro de Hacienda, recibió 6,457 millones de pesos de la parte oficial, dinero que le entregaban en fundas selladas del Banco de Reservas, y en denominaciones de papeletas de 2,000. La parte oficial –explica- se refiere a la campaña política, y asegura tener copias de los voucher de retiros. 

Luego refiere la forma en que el dinero era trasladado, a través de él y sus choferes, y que el banco le facilitó un camión blindado para mover los recursos que le entregaban en su oficina, en ocasiones.

De 100 a 400 millones en un día

“Los pagos se hacían entre uno a cuatro libramientos. Si ustedes coordinan libramientos con pagos, podrán ver que salían dos libramientos por la mañana, dos libramientos hoy, mañana dos, ese tipo de cosas podían pasar y a veces salía un solo libramiento. Cada vez que salía un libramiento, y una vez que estaba disponible en el Banco de Reservas ese libramiento, se procedía al retiro.”

A este punto agrega que los retiros variaban, pero podían ir desde 100 a 400 millones en un día o “quizá un poco más”.

Jiménez señala que llevaba el dinero a la oficina de Gampsa IV, en la calle José López, en Los Prados, pero que, luego, Donald Guerrero le dio instrucciones de llevar los recursos a la casa por Bella Vista, en la calle La Ceiba esquina Helio. 

En el caso de las entregas en Gampsa, dice que a veces lo entregaba al personal que estaba ahí, pero que, el 70 % de las veces, él se lo entregaba personalmente a Gonzalo Castillo. El monto que habría entregado a Castillo, lo cifra en RD$3,812,000,000.

Por participar en este esquema, Jiménez dice que recibió unos 700 millones de pesos, además del dinero que iba a manos de Crisóstomo y José Arturo, y que sabía que se daba algún porcentaje al Contralor general Daniel Omar Caamaño, y un regalito al director de Catastro Claudio Silver Peña y al director del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo. 

Favorecidos con varios contratos del Estado

Más allá de su participación en el esquema, que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que se orquestó desde el Ministerio de Hacienda en la gestión del exministro Donald Guerrero, Ramón Emilio Jiménez y José Arturo Ureña también son los socios de la empresa Trossachs Enterprises, favorecida con varios contratos de parte del Estado dominicano, y cuestionada en varias ocasiones por la forma en que se dieron esos contratos.

En 2017, el programa de investigación de la periodista Nuria Piera refirió varios pagos que se realizaban a empresas desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) por obras que no estaban terminadas.

Citó el caso de la empresa Trossachs Enterprises, que habría declarado hacer el equipamiento del hospital José Melenciano, de Jimaní, previo a realizar el contrato para esos fines. Entonces reclamaba un pago de más de 167 millones de pesos, según la reseña periodística de la fecha.

Durante el interrogatorio ante la Pepca, Jiménez declaró que ha sido suplidor del Estado dominicano a través de varias de sus empresas, resaltando como principal, a Trossachs Enterprises SRL. Al cuestionarle sobre los montos que ha contratado, dijo que esa parte la manejaba Ureña, que era quien más estaba al tanto.

Aseguró no conocer los detalles de las negociaciones en Oisoe. En la investigación de Piera se señala que varios contratistas cedieron a la empresa Trossachs sus contratas para trabajos en hospitales.

Quiénes son los socios de Trossachs Enterprises

Ramón Emilio Jiménez es hijo del fallecido Ramón Emilio Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer y que estuvo vinculado a la muerte de Francisco Alberto Caamaño Deñó.

José Arturo Ureña es hijo del José Nene Ureña, exdiplomático y expresidente del Banco del Comercio.