Cómo fue puesta en marcha "la operación más grande de lavado hasta la actualidad"

El Ministerio Público presentó la noche del lunes la solicitud de medida de coerción en contra de los 20 imputados en la investigación de corrupción denominada Operación Calamar, que se llevó a cabo durante el Gobierno del expresidente Danilo Medina, entre los que se incluyen a los exministros de Hacienda, de Obras Públicas y el Administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente.

El documento, que consta de 2,120 páginas, detalla las alegadas maniobras en las que supuestamente incurrieron los acusados para obtener fondos de manera ilícita para las campañas políticas del año 2019 (internas del PLD) y la del año 2020, por orden del ex mandatario Medina.

“En el año 2019, antes de las Elecciones Primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el entonces presidente Constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, a la que asistieron varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos, los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros altos funcionarios. En esta reunión el expresidente Danilo Medina Sánchez instruyó a sus funcionarios más cercanos, titulares de Ministerios y Direcciones Generales que estaban presentes, a buscar dinero para las campañas políticas del año 2019 (internas del PLD) y la del año 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita”, explica el MP.

Indica, que, tras esa reunión Peralta le solicitó al entonces director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, que convocara al ingeniero Bolívar Ventura, para que fuera hasta su oficina en el Palacio Nacional.

Tras este encuentro, Pagán y Ventura visitaron el Palacio Nacional donde sostuvieron una reunión con Peralta, quien le dijo que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que el Estado tenía con él, y que para fines de coordinar los pagos debía ir donde el ministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz.

En la reunión, Donald Guerrero le dijo a Ventura, tal como previamente le había manifestado Peralta, que necesitaban fondos para las elecciones internas del 2019, y que, a cambio de esos fondos, le pagarían una parte de la deuda que el Estado tenía con él; recursos que irían para la campaña interna del PLD, en apoyo al entonces precandidato presidencial Gonzalo Castillo, lo que, a juicio del MP, evidencia una estructurada operación de soborno.

Según las investigaciones del órgano persecutor, Ventura respondió que tenía muchas deudas, pero que podía aportar RD$200,000.000.00.

“Esta propuesta hizo que siguieran discutiendo los montos, ya que el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz le reclamaba a Bolívar Ventura que este podía dar más. Finalmente, ante la insistencia del exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz acordaron que Bolívar Ventura entregaría la suma de quinientos millones de pesos, que finalmente subieron a la suma total de quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (DOP 527,694,838.00)”, detalla el documento acusatorio.

Distracción de fondos

De acuerdo con la imputación preliminar del MP, Donald Guerrero, Peralta y Gonzalo Castillo, junto a los demás imputado, se coalicionaron RD$527,694,838.00 del Estado.

Establece que, para lograrlo, consiguieron que el entonces director técnico de la OISOE, Víctor Matías Encarnación Montero, realizara volumetrías falsas de obras, incluso de obras cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Ventura.

“Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano”, enfatiza el MP.

Es así como, según la acusación, Donald Guerrero, Peralta, Gonzalo Castillo, Encarnación y el contralor Daniel Omar de Jesús Caamaño, cometieron estas acciones distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas, las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda, que el constructor no había solicitado, y que fueron realizadas sobre una volumetría inexistente.

Puntualiza que estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero de acuerdo con las evidencias, la mayoría de las documentaciones fueron antedatadas con fecha del año 2018 para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del año 2019, bajo ese concepto, no se podía pagar en ese mismo año.

Operación de lavado

El Ministerio Pública en su acusación señala que Donald Guerrero y Peralta solicitaron decenas de millones de pesos a Ventura, pero al este indicar que no era posible mover esas cantidades en efectivo, por la ley de lavado de activos, contactaron al administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, quien delegó la asistencia en el Contralor de la entidad bancaria estatal, Andrés Guerrero.

Según el órgano persecutor "esto daba inicio a la operación de lavado más grande, cometida en el menor tiempo, hasta la actualidad, en detrimento del patrimonio del Estado". 

Las deudas que el Estado dominicano tenía con las empresas del ingeniero Bolívar Ventura (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC), eran deudas en principios basadas en contratos que datan de más de 10 años, sobre los que se le prometió entregarle los pagos, bajo la extorsión por parte de los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, de que debía de entregarles para fines políticos la suma de quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (DOP 527,694,838.00), lo que evidentemente constituye un esquema de corrupción con participación activa de estos funcionarios públicos.

Como fue establecido previamente, la propuesta realizada al señor Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente treinta (30) obras que había construido desde la OISOE, que justificarían a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran cubicaciones maniobradas con falsedad de contenido. Es evidente que aquí hay una clara coalición entre los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Princesa Alexandra García Medina, para estafar al Estado dominicano y distraer fondos millonarios en una mega operación de lavado de activos, materializada, además, a través de una asociación de malhechores.