Audiencia de coerción contra Mantequilla será conocida este sábado en Monte Plata

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Monte Plata conocerá a las 9:00 de la mañana de ese sábado la medida de coerción contra Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, acusado de estafa y amanezca de muerte.

El Ministerio Público solicitó este miércoles 12 meses de prisión preventiva contra García Peguero.

El abogado de la defensa, Carlos Novas, calificó de exagerado el pedimento del Ministerio Público debido a que según él, la pena máxima por estafa es de seis meses a dos años y multa igual a 1/4 del salario mínimo vigente.

"Lo más importante es buscar una salida salomónica, dejarlo trabajar. Otorgarle presentación periódica para que él siga trabajando", dijo Novas a Diario Libre.

García Peguero fue detenido el pasado miércoles en el Distrito Nacional y trasladado ayer jueves a la cárcel del Departamento de la Policía Nacional de Monte Plata.

El Ministerio Público plantea que, “en cuanto a la compañía 3.14 Inversiones World Wide, solicitamos medida de coerción real establecida en el artículo 243 del Código Procesal Penal, consistente en la suspensión de las operaciones comerciales que realiza hasta tanto se culmine con la investigación”.

De acuerdo con el Ministerio Público, 35 personas presentaron querellas y denuncias contra Mantequilla, quienes en conjunto les entregaron 20 millones de pesos con la promesa de que los recibirían multiplicado.

El Ministerio Pública indica que gestionó el 9 de noviembre la orden de arresto contra García Peguero. En respuesta, Carmen Daniela Araújo, juez titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, emitió la orden 668-2022-SAJP-01389 contra el imputado, quien fue arrestado el miércoles 30 en el Palacio de la Policía Nacional. 

Las autoridades establecen que Mantequilla captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operó en un local comercial y en una residencia del municipio Sabana Grande de Boyá, y sobre la que las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal.