Senado designa Comisión de Justicia para investigar “irregularidades” en Cámara de Cuentas
Pedro Manuel Catrain Bonilla y Aris Yván Lorenzo Suero fueron designados como presidente y vicepresidente, respectivamente
El Senado de la República designó una Comisión Permanente de Justicia para investigar supuestas irregularidades administrativas y acoso laboral en la Cámara de Cuentas, que involucran a su presidente, Janel Andrés Ramírez Sánchez.
La comisión está conformada por Pedro Manuel Catrain Bonilla, como presidente; Aris Yván Lorenzo Suero, vicepresidente; y los miembros, Dionis Alfonso Sánchez, José Del Castillo Saviñon, Santiago José Zorrilla, Alexis Victoria Yeb, Franklin Martín Romero Morillo, Félix Ramón Bautista Rosario y Faride Virginia Raful Soriano.
La creación de la comisión fue solicitada por el vocero de la bancada de senadores del partido Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, quien emplazó al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a decirle al país sobre una supuesta reunión que sostuvo con tres miembros de la Cámara de Cuentas en la que trataron "denuncias de irregularidades relacionadas con el presidente del órgano constitucional de control externo de los recursos públicos".
“Hoy nosotros queremos emplazar al presidente del Senado a que le diga a este hemiciclo lo que se está diciendo en las cuatro esquinas del país, que tres miembros de la Cámara de Cuentas vinieron y se reunieron con el presidente del Senado y le mostraron delitos graves, tan graves como una carta que acusa de acoso sexual… y las recomendaciones que se dieron fue, que se hagan reuniones familiares”, denunció Sánchez durante la sesión de ayer.
Sin embargo, el representante de la provincia Pedernales no identificó a los miembros de la Cámara de Cuentas que habrían ido a la reunión.
Según los reglamentos del Senado, la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos será la encargada de decidir en los temas vinculados a la organización judicial, a la creación y supresión de tribunales, a la aprobación y discusión de códigos y leyes procesales, la administración penitenciaria, así como la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
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