Poder Ejecutivo abre el camino para venta de terrenos del Estado

El Poder Ejecutivo emitió un decreto mediante el cual se hace posible la venta de terrenos e inmuebles del Estado, algo que había estado tajantemente prohibido desde el año 2016 producto de los escándalos en las transacciones irregulares de terrenos del CEA a favor de políticos y militares en los gobiernos pasados. 

Con el decreto 314-22, firmado el 14 de junio por el presidente Luis Abinader, se creó la Comisión para la Identificación y Eficientización de los Inmuebles del Estado, la cual podrá recomendar la venta a donación de terrenos estatales en manos de particulares. 

En su artículo 5, la orden ejecutiva establece que "cuando los inmuebles o terrenos propiedad del Estado que estén habitados o sean usufructuados ilegalmente por particulares, sean estos personas físicas o jurídicas, la Comisión podrá recomendar la donación o la venta a favor de aquellos particulares que lo ocupen para fines habitacionales; o la venta, cuando los usufructúen para cualquier tipo de explotación productiva". 

El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó a Diario Libre que la decisión parte de la realidad de que "numerosas personas de bajo nivel económico ocupan pequeños solares del Estado, especialmente del CEA". 

Ante esa realidad, agrega, "esta comisión podrá recomendar la donación o venta de los mismos a fin de que estas personas entren en una posesion legal y se conviertan en propietarios".

Más adelante, la orden presidencial precisa que, "en los casos que no proceda ni la venta ni la donación, el ocupante será objeto de desalojo a través del órgano competente del Estado, en cumplimiento del procedimiento legal pertinente".

"Cuando el inmueble o porción de terreno es donado a favor del particular que lo habita, será sometido a la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado para su titulación a favor del donatario", agrega el decreto. 

De esta manera, el Gobierno flexibiliza una posición sostenida desde el principio de la actual gestión. El presidente Abinader dijo en julio de 2020, cuando todavía no había tomado posesión, que no se vendería un metro más propiedad del Estado a particulares y que estos serían usados para fines sociales.

En ese sentido, el reciente decreto 314-22 establece que "se priorizará el uso de terrenos del Estado para la construcción de edificaciones sufragadas con fondos públicos, siempre y cuando los terrenos cumplan con las condiciones técnicas y geográficas pertinentes al proyecto".

Se recuerda que el mandatario atribuyó a la Comisión Evaluadora de los Terrenos Registrados a nombre de los Ingenios Azucareros del Consejo Estatal del Azúcar, creada por el gobierno pasado a raíz de los escándalos con el CEA, la responsabilidad de inventariar todos los terrenos propiedad del Estado.

También debía auditar las operaciones inmobiliarias de que han sido objeto, determinar la vocación de uso de los mismos, hacer eficientes los actos de levantamientos, modificaciones y actualizaciones parcelarias que permitan regularizar dichos terrenos y su tenencia, y decidir sobre su aprovechamiento por parte de otras instituciones del Estado”.

Las funciones de la nueva Comisión para la Identificación y Eficientización de los Inmuebles del Estado son:

a). Localizar, identificar y evaluar aquellos bienes inmuebles propiedad del Estado que estén ocupados por establecimientos públicos o por particulares.

b). Recomendar un uso más eficiente y adecuado de los terrenos del Estado, previo levantamiento de un informe.

c). Sugerir la realización de determinadas actividades y/o proyectos en inmuebles ubicados estratégicamente para el desarrollo de las mismas.

d). Elaborar un informe al Poder Ejecutivo contentivo del levantamiento catastral de los inmuebles identificados, el estado jurídico actual de los mismos y las recomendaciones correspondientes a cada caso.

Dicho equipo está compuesto por la Dirección General de Bienes Nacionales, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y un Director ejecutivo, con voz pero sin voto.