¿Qué persigue la Pepca en su apelación contra Díaz Rúa y Conrado Pittaluga?

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) está solicitando ante la Corte de Apelación que revoque la sentencia de primer grado que impuso la condena de 5 años contra Víctor Díaz Rúa y que dicte una nueva sentencia de 10 años a este exministro de Obras Públicas, por incurrir en presunta corrupción del caso Odebrecht.  

En el caso del abogado Conrado Pittaluga,  a quien la Pepca acusaba de ser testaferro de Díaz Rúa, están solicitando a la Corte que revoque su descargo y le impongan una pena de 7 años, como habían pedido en el juicio de primer grado. 

En su recurso , la Pepca dejó fuera al principal imputado, el empresario Ángel Rondón Rijo, a quien le fue impuesta una condena de ocho años. 

Tampoco recurrió el descargo que favoreció a Juan Roberto Rodríguez, a Tommy Galán, y a Andrés Bautista. 

De acuerdo con las explicaciones de algunos de los abogados, en el caso de los que fueron favorecidos con el descargo y que no fueron recurridos por la Pepca, su sentencia pasa a convertirse en firme o definitiva. 

Ahora se espera que la Corte de Apelación fije una auditoria para conocer los méritos de los recursos. 

La sentencia

El 14 de octubre del año pasado, las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo condenaron a ocho años de prisión a Ángel Rondón. También impusieron cinco años a Víctor Díaz Rúa, luego de determinar su responsabilidad penal en los hechos.

En la sentencia ordenaron decomisar a Rondón las empresas Lanshan Corp y constructora y Contratistas Conamsa, además de todos los bienes que supuestamente son fruto de las actividades ilícitas.

También dispusieron decomisar a Díaz Rúa un inmueble en casa de Campo en La Romana; condominio en la Torre Caney; el yate “La Balbie”; la empresa Radiodifusora Sky Land, entre otros.

El tribunal declaró la absolución de Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán y Juan Roberto Rodríguez Hernández. Se dispuso levantar la medida de coerción en su contra y el cese de toda orden de inmovilización de fondos y cancelación de cualquier oposición a sus bienes.