Autoridades no han podido frenar crímenes planificados desde las cárceles

En menos de una semana la Policía Nacional ha dado a conocer dos casos de asesinatos planificados desde las cárceles del país, uno de ellos con el saldo de tres personas muertas en La Romana.

El pasado domingo se informó que el recluso del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, en Santiago, Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, habría sido el autor intelectual de la muerte a tiros del agente penitenciario de ese recinto a principio de año.

En el momento de su detención en julio del 2016, Bonilla Cruz se le atribuyó formar parte de una banda que había ejecutado a seis personas.

El agente que ordenó asesinar en este mes, el cual se consumó, fue a George Adonis Adames, en cuyo crimen también resultó con heridas de balas su acompañante, Junior Arismendy Francisco Mejía, mientras se desplazaban en un vehículo por la avenida Circunvalación Sur, en Santiago. El móvil habría sido un incidente ocurrido en el penal.

El pasado martes se acusó de los asesinatos de Ángel Carrión Guzmán, alias Popo, Juan Gil Adames (a) Jesús Papeleta y Gregorio Pérez Santana (a) Pito, en un batey de La Romana, al recluso Enrique Brito Jiménez (a) Enriquito, quien supuestamente guarda prisión en la cárcel de San Pedro de Macorís.

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron hallados calcinados dentro de una yipeta y el otro a varios metros con impactos de balas.

Los informes policiales, en los que se dan a conocer que ciudadanos en pleno derecho de su libertad son víctimas de fraudes, extorsión y, en el peor de los casos, de ejecuciones ordenadas por convictos, no son una novedad, y por esa razón son muchas las ocasiones en las que las autoridades han anunciado, sin éxito, la implementación de medidas para bloquear los celulares en las diferentes cárceles del país que impidan la planificación de actos criminales tras las rejas.

Los proyectos anunciados en casi diez años no han prosperado y tampoco una iniciativa en el Congreso Nacional, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado hace justamente 25 meses.

El más reciente anuncio para evitar la comunicación telefónica con el exterior, sin supervisión de las autoridades, de los reos se hizo exactamente en mayo del 2017, cuando el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, José del Castillo Saviñón, dio a conocer que había puesto a disposición de la Procuraduría General de la República las frecuencias requeridas para que finalmente se puedan bloquear las llamadas a través de celulares desde los diferentes penales del país.

“El Indotel le ha facilitado a la Procuraduría, que es la llamada a ejecutar este programa, los usos de frecuencias y las frecuencias requeridas y las direcciones de frecuencias para proceder con los bloqueos de señales de celulares desde los recintos carcelarios”, aseguró el funcionario en una comunicación enviada a Diario Libre.

En noviembre del 2014, el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, convocó a los medios de comunicación para dar a conocer el primer sistema de bloqueo de señales para celulares instalado en la cárcel del Kilómetro 15 Azua por la empresa HM Consulting, del ingeniero Hiddekel Morrison y el que se extendería a todos los demás recintos del país.

Además de destacar la importancia para la seguridad ciudadana del proyecto, Domínguez Brito señaló que hacía varios años se había emitido un decreto presidencial que estimulaba y promovía, a través del INDOTEL, su instalación en todas las cárceles y que , por razones presupuestarias de esa entidad oficial, no fue posible materializarlo.

"Paulatinamente se unirán (al plan piloto de la cárcel del Kilómetro 15 de Azua) otros centros porque la institución carece de recursos para que se instale de manera simultánea a nivel nacional, lo que implicaría una inversión superior a los RD$100 millones con unos 30 centros operando bajo ese sistema”, dijo el exprocurador, lo cual calificó como inalcanzable para ejecutarse con el presupuesto del Ministerio Público.

También, el presidente Leonel Fernández, en una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad, en Santiago, el 11 de septiembre del 2011, prohibió desde ese día que se permitan los celulares en las cárceles y ordenó a Radhamés Jiménez, procurador general en ese entonces, “tomar carta en el asunto, a fin de adoptar todos los dispositivos tecnológicos de lugar, con el objetivo de que no puedan realizarse llamadas telefónicas de presos”.

"Pido desde hoy que se prohíba el uso de teléfonos celulares en las cárceles dominicanas", dijo Fernández al esbozar los planes contra el crimen en Santiago y en todo el país.

Días después, para mostrar a la opinión pública que la orden presidencial se acataría y se implementaría, Radhamés Jiménez dijo a los medios de comunicación que contemplaban “adquirir ya, mediante un convenio con la Embajada de los Estados Unidos perros amaestrados en detección de celulares que pronto llegarán al país”.

“Todos, sin distinción se va a quitar. El objetivo de esta reunión es dar cumplimiento a las instrucciones dadas por el presidente (Leonel Fnerández el 9 de septiembre del 2011) en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad”.

En tanto que el Ejército y la Policía Nacional anunciaron los operativos de incautación de los aparatos que, según se ha denunciado, entran a los recintos carcelarios a través del pago de peaje.

Después de todas esas anunciadas medidas la población es testigo de la facilidad con las que los internos poseen los citados aparatos de comunicación. El caso más reciente fue durante la celebración de la orden de libertad del cantante Antonio Peter de la Rosa (Omega) en el penal de La Victoria, del viejo modelo, y cuyos reclusos lo esperaron haciéndole vídeos con sus móviles, los cuales fueron subidos a las redes sociales.

Solo duró varios meses

El primer sistema de bloqueo de señales en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua fue un plan piloto que se mantuvo “por varios meses”, informó a Diario Libre, Hiddekel Morrison, cuya empresa HM Consulting estuvo a cargo de su instalación y quien afirma operó de “forma exitosa”.

Dijo que el proyecto lo realizó “al costo, sin procurar beneficios económicos” para su empresa “con el único propósito y objetivo de contribuir a la reducción del crimen y el delito”.

El monto “aproximado del proyecto fue de un millón doscientos mil pesos” y, según él, representó un “ahorro millonario al Estado Dominicano, pues proyectos equivalentes se habían cotizado en más de US$12 millones”.

Expuso que la idea en el 2014 era ver la efectividad de ese proyecto y que después de ser llevado a cabo, aunque no continuara, considera es una muestra de lo viable y efectivo que puede ser para retomarse y llevarse a cabo en todas las cárceles.

“¿Por qué dejo de funcionar? Porque penosamente, a lo interno de los recintos penitenciarios algunos reclusos llevan a cabo procesos de sabotaje y en este caso fue víctima de múltiples procesos tipo de sabotaje desde interrumpir el suministro energético hasta tumbar las antenas desbloqueadoras que se habían colocados”, aseguró en una entrevista vía telefónica.

Agregó que el sabotaje “ha hecho difícil de la continuidad del proyecto pero no por viabilidad técnicas sino más bien por la debilidad en la dinámica interna de los recintos del país.

Diario Libre trató de obtener la versión de la Procuraduría General de la República sobre cómo se desarrolló el sistema de bloqueo de señales en el penal de Azua, el primero que se ha instalado en el país, pero no fue posible porque sus funcionarios no contestaron las llamadas.

Morrison afirma que con ese plan piloto se confirmó la funcionalidad de bloquear los celulares y el internet, además de que haya una cabina en donde los presos puedan hacer llamadas monitoreadas por las autoridades.

Explica que, adicionalmente, con las empresas prestadoras de comunicaciones se puede lograr eliminar la llamada “lista negra”, que son los celulares macos que se activan sin presentar cédulas de identidad personal.