A puerta cerrada se conoce audiencia de medida de coerción del caso Coral 5G
Ministerio Público pide 18 meses de prisión contra encartados
A puerta cerrada se inició la audiencia del conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el entramado mafioso que habría defraudado con alrededor de RD$ 1,500 millones al erario, a través de operaciones fraudulentas, prevaleciéndose de los cargos públicos que ocupaban en instituciones militares.
El juez Enmanuel López Polanco, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, encabeza la audiencia la solicitud medida de coerción a 13 imputados en el caso Coral 5G.
Los imputados son los generales Juan Carlos Torres Robiou, FARD; Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista ERD, vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja, están en cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Wilson Camacho dice corrupción no puede esconderse en un rango militar
Así funcionaba el entramado Coral 5G, al que se acusa de distraer miles de millones al Estado dominicano
Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
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