Salud de imputado frena audiencia contra Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes
La jueza Yanibet Rivas aplazó la audiencia para el lunes tras aceptar la incapacidad médica de Mariano Gustini
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo lunes 30 de marzo la continuación de la audiencia preliminar seguido contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados en el caso de presunta corrupción administrativa denominado operación Camaleón.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, luego de acoger un pedimento de la defensa del imputado Mariano Gustini, quien no pudo comparecer por motivos de salud debidamente certificados.
Durante la vista, la magistrada explicó que el tribunal recibió documentación médica formal remitida por el acusado a través de su abogado, Mario Aguilera, que justifica la inasistencia la cual incluye sello, número de exequátur, membrete institucional, diagnóstico y evaluación clínica.
La jueza consideró que las certificaciones presentadas cumplen con los requisitos legales y, por tanto, justifican la ausencia del imputado, razón por la cual decidió suspender la sesión y fijar su continuación para la próxima semana, a las 9:00 de la mañana, con la misma agenda procesal.
Acusación
El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), busca que se dicte auto de apertura a juicio contra 10 personas físicas y siete empresas vinculadas al entramado, entre ellas el exdirector del Intrant, Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), sindicados como los cabecillas del entramado de corrupción.
De acuerdo con la acusación, los principales imputados, junto a varias entidades comerciales como Aurix S.A.S., Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., habrían operado una red que obtuvo contratos irregulares, incluyendo el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.
El órgano acusador sostiene que estas empresas recibieron acceso privilegiado mediante convenios irregulares, lo que permitió el desvío de más de 1,300 millones de pesos y la ejecución de operaciones de lavado de activos, en violación a los principios de transparencia, legalidad administrativa y seguridad tecnológica.
La audiencia fue suspendida sin mayores incidentes y se espera que el proceso continúe el lunes con la presentación de los argumentos pendientes por las partes involucradas.
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