Compradores denuncian maniobras pseudojurídicas que paralizan proyecto de 400 viviendas en La Romana
Los afectados aseguran que una cadena de acciones judiciales abusivas e improcedentes arrastró injustamente a Inmobiliaria Don Juan, S.R.L.
Decenas de compradores y copropietarios de un proyecto de 400 viviendas denunciaron un atropello pseudojurídico que mantiene detenido el complejo habitacional e impide que cientos de familias reciban sus hogares ya pagados. La paralización ha afectado también a empleados, obreros y suplidores, hoy en una situación laboral crítica.
Los afectados aseguran que una cadena de acciones judiciales abusivas e improcedentes arrastró injustamente a Inmobiliaria Don Juan, S.R.L. a un litigio privado del cual no forma parte.
Dichas acciones, advierten, han sido calificadas por varios tribunales como temerarias, incluyendo una reciente decisión en la que la abogada Mariel León Lebrón —junto a otros miembros de su equipo— fue declarada litigante temeraria por utilizar medidas judiciales sin fundamento para bloquear la operatividad de la empresa.
Las familias perjudicadas son maestros, empleados públicos y privados, pequeños comerciantes y profesionales que ya han pagado iniciales, gestionado préstamos y asumido compromisos financieros. Muchos continúan pagando alquileres o intereses bancarios mientras esperan la entrega de sus viviendas.
El abogado Dionisio Ortiz explicó que la empresa fue incluida de forma irregular en un proceso de separación de bienes, pese a que el demandado no es socio directo y a que los inmuebles pertenecen a la familia materna desde hace más de un siglo. “La ley es clara: las herencias no entran en el patrimonio común del matrimonio”, señaló.
Tres instancias —entre ellas la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional y la Corte de Apelación— han ratificado la independencia patrimonial de la empresa.
Entre las víctimas hay maestros y empleados que describen el daño emocional y económico que enfrentan. “Solo queremos nuestra casa. No somos culpables de este conflicto”, dijo una compradora.
Las copropietarias Coral Llaneza y Clarisa Gil Battle pidieron a la justicia permitir la entrega de las viviendas: “Lo justo es honrar los compromisos con estas familias y poner fin al bloqueo”.