MP asegura que respetó los derechos de Hugo Beras y que éste confirmó buen trato

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación del Ministerio Público, aseguró que con el arresto y el allanamiento al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el organismo actuó apegado a ley, contrario a las declaraciones emitidas por los abogados del imputado, quienes denunciaron una serie de excesos de los policías y vulneración del derecho de su defendido de ser asistido por ellos cuando se produjo la detención.

Tras depositar el expediente de solicitud de medida de coerción, la fiscal Ortiz aseguró a la prensa que, incluso, Beras manifestó a su llegada a la Procuraduría General de la República que fue tratado con dignidad y decoro la noche del miércoles 2 de octubre.

“El Ministerio Público ha actuado apegado a la ley, cumpliendo con las normas y con los protocolos, y nuestra mejor evidencia es el propio imputado y su familia sobre el trato que recibió. Incluso, a su llegada a la Procuraduría General de la República, luego de su arresto y frente a las denuncias hechas por sus abogados, le preguntamos que cuál había sido el trato recibido y él mismo, de su propia voz, dijo que se le había tratado con dignidad, con decoro y en respeto de sus derechos fundamentales”, manifestó.

Los abogados de Beras, Luis Rivas y Laura Acosta, habían denunciado que los agentes encañonaron al exfuncionario y a su familia y que, incluso, a su hijo de 9 años le habían pedido que se tirara al suelo. Indicaron que se violentó el derecho de Beras de ser asistido por ellos esa noche cuando se produjo su detención en su vivienda y que el Código Procesal Penal establece que el detenido tiene derecho a hablar con su abogado a partir de su arresto.

Operación Camaleón

La Operación Camaleón es la más reciente investigación por supuesta corrupción que ocupa al Ministerio Público. El organismo indica que se trata de un entramado delictivo que operó bajo la gestión de Beras en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre cuando éste celebró un proceso de licitación en el que fue adjudicada, con graves irregularidades, la empresa Transcore Latam para manejar la red de semáforos en el Gran Santo Domingo el año pasado.

Beras es señalado por el Ministerio Público -en la orden de arresto- como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo tras adjudicar este contrato a Transcore Latam.

Además de Beras están imputados en este caso José Ángel Gómez Canáan (Jochi Gómez), presidente de Transcore Latam; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, encargado de los asuntos técnicos– informáticos de la empresa de Jochi Gómez. 

Todos están detenidos desde el miércoles 2 de octubre en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional. La fiscal Ortiz dijo que en el transcurso de las investigaciones podrían incluir a otras personas. 

Medida de coerción

El Ministerio Público, que depositó la noche de este viernes la solicitud de medida de coerción, pedirá la imposición de medida de coerción de prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo "por tratarse de crimen organizado". 

A su vez, tras recibir el expediente por una comisión de fiscales, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó la audiencia para este sábado a las 11:00 de la mañana. 

Mediante la Operación Camaleón, el Ministerio Público desplegó el pasado miércoles 2 de octubre por la noche una serie de allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, vinculadas a los imputados. En estos operativos participaron unos 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

El organismo de persecución aseguró que entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado según el organismo "para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado" y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.