Imponen prisión preventiva a dos hombres por explotación sexual de extranjeras en Santiago

El magistrado José Rafael D' Asís Burgos, juez coordinador de los juzgados de la Instrucción de la provincia Santiago, impuso 12 meses de prisión preventiva en contra de dos hombres acusados de liderar una supuesta estructura que explotaba sexualmente a mujeres colombianas y venezolanas.

Junior David Matos Monegro, conocido como Junior, y Estarly Almánzar Pérez fueron enviados a cumplir la medida de coerción al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey.

Según la acusación, el Ministerio Público rescató mediante la Operación Flor de Loto a 43 colombianas y dos venezolanas que, alegadamente, eran víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos, quienes dependían de los tratantes para poder movilizarse de un lugar a otro.

Indica que los procesados tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas y, además, tenían control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.

El dispositivo establece que los encartados viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las víctimas, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.

El órgano investigador presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículos 265, 266, 333, 334, 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo; en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.

Además, le imputa a Matos Monegro la violación al artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.

Defensa de los imputados

Tras la audiencia, que se extendió por más de tres horas, el jurista Elvin Domínguez, representante legal de uno de los procesados, calificó la acusación del Ministerio Público como un “adefesio”.

Según dice, ninguna de las extranjeras se ha querellado en contra de sus clientes.

Insiste que cada una de las mujeres presentadas como víctimas viajaron al país a ejercer la prostitución voluntariamente.