Era empleado de Contrataciones Públicas joven acusado de hackear sus redes sociales

El joven Ronald Familia Frías era empleado de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y habría utilizado informaciones privilegiadas para incurrir en el acceso ilícito, chantajear y robar la identidad de esa institución gubernamental en sus redes sociales el pasado 10 de abril.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Nacional, Familia Frías trabajó en la DGCP hasta agosto de 2023.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este martes tres meses de prisión preventiva contra el imputado que se identificó como "Oso Negro" al hackear las cuentas de Instagram y Facebook de la DGCP. La medida de coerción la cumplirá en el centro de corrección Najayo-Hombres.

La medida contra Familias Frías fue tomada luego de que el Ministerio Público la solicitara ante el tribunal acusándolo de violar los artículos 6, párrafos 1 y 2, así como los artículos 10, 11, 16 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relacionados con acceso ilícito, daño o alteración de datos, sabotaje, chantaje y robo de identidad, en perjuicio de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y el Estado dominicano.

¿Qué hacía Ronald Familia en Contrataciones Públicas?

El imputado manejaba las redes de dicha institución hasta agosto de 2023 y habría utilizado información privilegiada para acceder de manera no autorizada a las cuentas de la entidad gubernamental y perpetrar una serie de ataques cibernéticos que incluyeron la manipulación de datos sensibles.

La familia de Ronald rechazó la acusación y afirmó que "intrusos" penetraron a la computadora de él para cometer los delitos que se le atribuyen.

La Fiscalía del Distrito Nacional afirma que las evidencias presentadas durante la audiencia incluyen testimonios de investigadores especializados en delitos informáticos, certificaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre la relación laboral del imputado, así como órdenes judiciales de allanamiento y arresto que permitieron la obtención de dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias y otros elementos que vinculan al imputado con los hechos delictivos.