Tribunal impone prisión a dominicanos y haitianos que conformaban red de falsificación de cédulas

El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a varias personas acusadas de formar parte de una supuesta red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos, principalmente cédulas, para extranjeros.

El tribunal presidido por la jueza María Consuelo Valenzuela Pérez mandó a prisión a los dominicanos Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, José Alfredo de los Santos Gómez y a los ciudadanos haitianos Pablo Selmo de la Cruz y/o Félix Pie y Yonel Raphael. Asimismo, impuso a los imputados Modesto Ogando Alcántara y Nicauri Liselot Bone, garantía económica y presentación periódica.

La magistrada también acogió la declaratoria de complejidad del proceso, como lo solicitó el Ministerio Público, que estuvo representado por el fiscal titular de Barahona, Wellington Matos, así como también por la fiscal Esther María González, adscrita a la Junta Central Electoral.

La supuesta red dedicada a la falsificación de documentos fue desmantelada por la labor conjunta del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral, la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y el Departamento de inteligencia Sensitiva (DIS) de la Policía Nacional.

¿Cómo operaba la estructura?

Según el órgano persecutor, esta estructura operaba en la zona sur de la República Dominicana con su sede en la ciudad de Barahona. Se dedicaba a realizar la comisión de crímenes y delitos de falsedad de documentación pública con alcance trasnacional para materializar sus actividades ilícitas, afiliando sus acciones con el lavado de activos, en perjuicio de sus víctimas y del Estado dominicano.

Señaló que la red era encabezada por Pablo Selmo de La Cruz, Modesto Ogando y Yonel Raphael, que trabajaban en asociación con los nombrados José Alfredo de los Santos Gómez, Divisay Altagracia Amparo de Vásquez y Nicauri Licelot Bone, quienes operaban en los laboratorios de falsificación de documentos, además utilizaban los servicios de Amauris Jesús Figuereo, Aquilino Alcántara, César Augusto Feliz Reyes, Ismael Josué Gaurdaramos, para lograr su cometido de conseguir documentación falsificada a nacionales extranjeros, específicamente haitianos.

La investigación al respecto comenzó con el arresto de tres extranjeros en situación migratoria irregular, quienes tenían en su poder documentos falsos, los cuales afirmaron recibieron de Selmo y/o Felix Pie, que, alegadamente, les facilitaba la identidad bajo el argumento que eran documentos legales y a cambio del pago de sumas que oscilan entre 70 mil y cien mil pesos.

El Ministerio Público estableció que, en sus métodos de operación, el grupo delictivo utilizaba una furgoneta que se trasladaba a Barahona, específicamente a la comunidad de Enriquillo, donde reclutaban extranjeros ilegales para dotarlos de documentos falsos.

Indicó que luego de recibir esta información, inició una investigación con la finalidad de desmantelar esta estructura criminal, para lo cual requirió una autorización de agentes encubiertos NO. 589-01-2024-AJ-00901, misma que fue emitida por la Jueza de la Instrucción, María Consuelo Valenzuela Pérez, de fecha 12 de marzo del 2024, para identificar los lugares donde funcionaban los laboratorios para realizar la falsificación de los documentos públicos y privados que estaban afectando a la Junta Central Electoral y otras instituciones del Estado dominicano, así como también determinar quiénes conformaban la estructura delictiva.

Durante los allanamientos y arrestos de los implicados, se ocuparon en su poder máquinas para la confección de cédulas, cientos de plásticos de cédulas falsas y/o alterados, carnet del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, hojas timbradas de la JCE, plásticos, thinner, así como una gran cantidad de actas de nacimiento alteradas.

Cargos

Ante el tribunal, el órgano persecutor del delito demostró el riesgo que constituye para el proceso la imposición de otra medida que no sea la prisión preventiva, como medida de coerción.

En el expediente presentado por el Ministerio Público le imputa a los miembros de esta red la violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 145, 147, 148, 150, 151 del Código Penal Dominicano, así como también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas y los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre protección integral de los datos personales.

En la audiencia también estuvieron en representación de la Junta Central Electoral, el consultor jurídico Dennys Díaz Mordan y el subconsultor Juan Cáceres