Francelys Furcal teme a la Ley del Talión

Francelys Furcal es una ciudadana dominicana que trabajaba en una ferretería en el ensanche Luperón, en el Distrito Nacional. Un día, y por una mala elección, su vida cambió a un carril que no tendría retorno. 

Desde abril del año 2022, Furcal se convirtió en la fugitiva más buscada del país por el homicidio de su jefe y ciudadano dominicano de origen chino Chen Zongxin. Tras un complejo y costoso periplo, la acusada fue finalmente detenida en agosto de 2023 en Madrid, España, después de haberse escondido en Colombia, Brasil y Francia con documentación falsa. 

Los videos

Ese cambio de carril está resumido en dos videos impresionantes, cada cual, por la diferencia de su contenido.

En el primero, filmado por las cámaras de seguridad, muestra la realidad de la muerte de Chen Zongxin. En él se ve como, después de que ella arrojase un papel al mostrador frente a su jefe, él se lo devulve. Se produce un breve intercambio de manotazos y patadas, hasta que la acusada saca del suelo un arma blanca y asesta una cuchillada seca sobre la víctima, para salir corriendo del lugar. Luego regresa acompañada de un joven, observa y se va. Así de crudo y sórdido fue el momento. 

Mientras, ayer lunes se filmó otro video, esta vez en la Audiencia Nacional de España, en el que la acusada declara: “Si llego a una cárcel dominicana me van a matar”. Francelys Furcal ha solicitado asilo en España y se encuentra en un proceso de recurso. Ella justifica sus actos con que recibía “muchos maltratos” y que “no podía dejarlo (el trabajo) porque tenía que hacerse cargo de sus hijos”... 

Dos visiones

La Audiencia Nacional deberá decidir sobre lo que dijo Francelys Furcal, quien por un lado se presentó como una persona que no es una delincuente, mientras por el otro expresó su miedo a sufrir la Ley del Talión, o comúnmente conocida como “ojo por ojo, diente por diente”. 

Tras la audiencia de ayer, Francelys Furcal deberá esperar por el veredicto final de los tribunales españoles sobre si la extraditan o no a la República Dominicana, donde ella teme que en la comunidad china, la que ha descrito como una "mafia", le aplique la Ley del Talión. 

La fiscalía española mantuvo su petición de que la detenida fuera extraditada y que fuera el país que la reclama (Repúblia Dominicana) el que determine si el hecho se trató de legítima defensa. Su abogada reiteró la petición de clemencia del tribunal por considerar que su vida corre peligro si es enviada a prisión. 

La decisión final 

A día 24 de enero del 2024, la Audiencia Nacional española ha autorizado extraditar a República Dominicana a Francelys María Furcal, descartando que haya circunstancias que demuestren que su vida estará en peligro si se procede a la entrega.

En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal ha asegurado que se cumplen todos los requisitos legales para proceder a la extradición por unos hechos que en el país caribeño serían constitutivos de delito de homicidio voluntario y en España de homicidio o asesinato. 

Cabe recordar que, en la vista celebrada este mismo mes, Furcal reconoció los hechos, pero aseguró que no merecía la "mala muerte" que supuestamente le esperaba en República Dominicana.

Apoyándose en su situación personal, Furcal declaró en su momento ante el tribunal que presidía el juez Alfonso Guevara: "tengo 3 niños pequeños que dependen de mí. En el trabajo recibía mucho maltrato. Me dirán: ¿Por qué no dejaste el trabajo? Pero si tengo 3 niños, tengo que mantenerlos porque soy madre soltera. Dios mío, Yo no consumo drogas, no soy delincuente, yo solo quería trabajar. Por lo que he cometido no merezco mala muerte".

Para los magistrados, sin embargo, el solo hecho de que ella manifieste temores para su integridad no basta para entender la concurrencia de un motivo para denegar la extradición al país.

En este contexto, el tribunal ha indicado que la reclamación se solicita por un delito común, no se advierte motivación espuria, el delito no ha prescrito, no concurren circunstancias que determinen la extinción de la responsabilidad y no cabe discutir la jurisdicción de las autoridades judiciales dominicanas atendiendo al principio de territorialidad al haberse cometido los delitos en ese país.