Juez decide si se acogerá recursos sobre participación de abogados del Estado en caso Medusa

El juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, inició la deliberación para determinar si acoge el recurso de oposición impuesto por los abogados de la defensa del caso Medusa, en el que solicitan que este determine con inmediatez si los abogados del estado tendrán participación en el proceso legal, donde figura como principal implicado Jean Alain Rodríguez.

En la pasada audiencia, el juez envió a diferido la solicitud de exclusión de los abogados del Estado, los cuáles el presidente Luis Abinader asignó por decreto para que representen al gobierno dominicano en la operación Medusa y reclamen los intereses de este, lo que quiere decir, que el magistrado estableció que se decidirá más adelante la participación de estos abogados en el caso.

Ante esto, los defensores solicitaron al juez que el fallo se lleve a cabo en la audiencia de este viernes para evitar perder más tiempo, por lo que presentaron incidencias que el juez está ponderando. 

Razón de la solicitud de exclusión

Tras el Ministerio Publico concluir con la lectura de la acusación de los implicados en este caso, la barra de la defensa solicitó que se rechace la constitución en actores civiles de los abogados del Estado que reclaman que se repare al Estado en daños y perjuicios.

Según refirió uno de los defensores, Manuel Sierra, para hacer esta representación se debe tener un contrato de una oficina de abogados, que, si pasa de más de 200 salarios mínimos, entonces tiene que ir al Congreso Nacional, según establece el artículo 128 de la Constitución

Sin embargo, Sierra manifestó que no lo tiene y que “se basan en una ley del año 1938, que es la 14-86, para decir que tienen un poder del Estado, pero aquí no solo el poder, sino que, deben tener un contrato". 

Más sobre el caso

El Ministerio Público finalizó hace dos semanas la lectura del expediente acusatorio del caso de supuesta corrupción Operación Medusa, cuyo principal acusado es el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez. El caso involucra a otras 41 personas físicas y 22 empresas, señaladas por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa al Estado por más de 6,000 millones de pesos. El expediente tiene 12,274 páginas.