Ministerio Público solicita apertura a juicio contra imputados del caso Cattleya
La supuesta red de trata de personas fue desmantelada en 2022
El Ministerio Público solicitó nueva vez al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que dicte el auto de apertura a juicio en contra de los acusados de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada con la Operación Cattleya, cuyo fallo fue fijado por el tribunal para el próximo 3 de noviembre.
Este viernes, el Ministerio Público, representado por fiscales litigantes adscritos a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), presentó sus conclusiones al tribunal, solicitando auto de apertura a juicio y que se mantengan las medidas de coerción existentes contra los acusados.
El proceso se sigue contra José Miguel Michel Gurdis (Michel), Angélica Johanna Quintero, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
Además, contra Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato).
El proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
Del grupo, seis son mantenidos en prisión preventiva, dos tienen localizador electrónico y garantía económica, en tanto a otros les fue impuesta presentación periódica y garantía económica.
El juez Raymundo Mejía, titular de Primer Juzgado de Instrucción, conoció el expediente con el que el órgano acusador imputa a miembros de una red que explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica y que tenía alrededor de un año operando en el país.
El expediente acusatorio está compuesto por 370 páginas.
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