Devuelven al Segundo Juzgado de la Instrucción solicitud de José Ramón Peralta para que se le varíe coerción

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró este jueves como inadmisible el recurso de apelación que interpuso el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, a los fines de que se declare nula la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción que le ratificó de forma administrativa la prisión preventiva.

Los jueces Doris Pujols, presidenta; Rafael Báez e Indhira Montás tomaron la decisión porque entendieron que se violó el proceso porque no se notificó a las partes sobre el conocimiento de la medida de coerción.

En ese sentido, devolvieron el caso al Segundo Juzgado de la Instrucción para que conozca la solicitud de Peralta a través de sus abogados, según manifestó al salir de la audiencia la fiscal Rosa Alba García.

Peralta es parte de una lista de exfuncionarios de primera línea del gobierno del expresidente Danilo Medida detenidos desde marzo pasado en la operación Calamar por, supuestamente, desviar más de RD$19,000 millones mediante sobornos y falsos pagos de propiedades declaradas de utilidad pública.

A principios de septiembre, el Segundo Juzgado de la Instrucción ratificó la prisión preventiva impuesta el pasado 4 de abril. Los abogados del exfuncionario, Pedro Balbuena y Santiago Rodríguez Tejada interpusieron un recurso de apelación con el que solicitaban la nulidad de la decisión tomada por ese tribunal control.

Al final de la audiencia, estos manifestaron que su defendido debe estar en libertad porque "existen elementos suficientes como para que no exista, ni siquiera, ninguna medida de coerción en este caso".

En horas de la mañana, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, también sometió un recurso para anular los 18 meses prisión preventiva en su contra, pero los jueces postergaron la audiencia para el 19 de octubre a fin de que sean notificadas las partes.

Acusación de la operación Calamar 

El Ministerio Público imputa a Peralta y otros exfuncionarios de dirigir una supuesta red que desfalcaba al Estado mediante expropiaciones irregulares de terrenos, cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compras de inmuebles con sobrecosto.

En ese sentido, en abril pasado, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional les dictó prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción en la cárcel de Najayo.

En el grupo también están acusados el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el abogado Ángel Lockward, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

También, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.