Caso Medusa: una batalla contrareloj para evitar la extinción de la acción penal

Desde que se destapó el sonado caso de corrupción Operación Medusa, en junio de 2021, contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y más de 60 personas físicas y jurídicas, han pasado ya casi dos años y cuatro meses. 

El caso se encuentra en la etapa preliminar en la que el Ministerio Público da lectura a un extenso expediente acusatorio de 12,274 páginas, mientras las defensas de los imputados han pedido una presentación acusatoria con punto y coma del documento.

El avance del tiempo ha desatado el debate entre órgano acusador y la parte acusada debido a la larga jornada de lectura. Ya con 5,971 páginas leídas, el Ministerio Público ha expresado su temor a que el proceso caduque por el vencimiento del tiempo máximo de cuatro años estipulado por la ley.

Esta etapa preliminar podría extenderse hasta el próximo año 2024, según expresan los involucrados en el proceso. Luego de la lectura entran las defensas de los encartados a contraargumentar cada una de las imputaciones. 

Entre réplicas y contrarréplicas el tiempo podría ser el factor determinante en este caso. 

El temor del Ministerio Público

Hasta el momento el Ministerio Público, que ha pedido que se le permita leer de manera sucinta (breve), solo ha logrado dos cambios de horario. Primero de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. y ahora el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, le ha concedido de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. la celebración de audiencia los martes y viernes.

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, ha pedido al juez Martínez que apele al principio de razonabilidad. El concepto de principio de razonabilidad se emplea para aludir a un criterio que permite regular el ejercicio de los derechos. La noción refiere a la necesidad de lograr que la lógica y el sentido común imperen a la hora de la aplicación de las normas.

En ese sentido, el Ministerio Público aboga por la lectura del relato fáctico y la calificación jurídica del expediente para, en menor tiempo, terminar la lectura y que el juez pueda rechazar “total o parcial” la acusación o, de lo contrario, admitirla y enviar a juicio de fondo.

La defensa en caso Medusa

Para Manuel Sierra, abogado del imputado Alfredo Solano, el Ministerio Público es el responsable de todo el contratiempo de este proceso.

Considera que ellos se tomaron dos años haciendo la investigación y que para colmo presentaron la acusación ante un tribunal que no correspondía, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

"El Ministerio Público ahora quiere un auto de apertura a juicio para ligarlo con la campaña política de un presidente de la República que le anunció al país que su gobierno es el más transparente de la bolita del mundo", expresó Sierra.

Dijo que, contrario a lo que ha dicho el Ministerio Público, los imputados no quieren que se extinga el proceso porque le van a demostrar al país que son inocentes.

Por la rapidez en que los fiscales del Ministerio Público leen el expediente, el abogado consideró que eso es similar a una carrera de caballos.

Sierra estima que sólo el juicio de fondo podría durar unos dos años si llega a ser admitido por el juez.

Entramado 

En este proceso, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En el expediente, el órgano persecutor además acusa en este supuesto entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo. Asimismo a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.

En la audiencia de este martes el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Miguel Collado y Melbin Romero.

La próxima audiencia será a las 9:00 de la mañana del viernes 6 de octubre.