Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para implicados en Discovery 2.0

Pasadas las 9:24 de la mañana de este domingo, el Ministerio Público hizo el depósito de la solicitud de medida de coerción a los imputados en el caso Operación Discovery 2.0, tras haber desmantelado una supuesta red de cibercriminales a quienes investigaban desde hacía 13 meses.

El procurador fiscal titular, Osvaldo Bonilla, dijo a Diario Libre vía telefónica que están solicitando prisión preventiva de 18 meses, así como declaración de complejidad de ese proceso, mientras que los acusados suman un total de 24 preliminarmente, informó el funcionario.

La solicitud de medida de coerción espera que el Tribunal de Atención Permanente fije el día y la hora para su conocimiento.

Por los plazos legales para el sometimiento se estima que la audiencia sea fijada para este lunes en horas de la mañana.

La Operación Discovery 2.0, de acuerdo a lo informado por el MP, contó con la colaboración de otros órganos del Estado como la Policía Nacional, y a nivel internacional, investigadores del departamento de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) de New York, por sus siglas en idioma inglés.

En total, unos 20 fiscales y más de 200 agentes de operaciones especiales de diversas instituciones participaron en la desarticulación de la presunta red, que se dedicaba a estafar mediante el engaño a ciudadanos estadounidenses, constituyendo un delito de alta tecnología.

La investigación establece que estos utilizaban al menos tres centros de operaciones que simulaban como centros de llamadas para servicio al cliente de compañías (call center).

Durante los arrestos realizados en Santiago y otras localidades el pasado viernes 4 de agosto, se ocupó equipos electrónicos, incluyendo celulares y tablets; vehículos, dinero en efectivo y prendas. Además, se ocuparon varias armas de fuego.

Los cargos acusatorios se tipifican en varios artículos del Código Penal dominicano, como la asociación de malhechores, estafa, complicidad, usurpación de identidad, e infrigir la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Telemáticos, y de Telecomunicaciones, así como la de lavados de activos 155-17.