Aplazan petición de Donald Guerrero de acceso a pruebas del Ministerio Público

La jueza de instrucción del caso Operación Calamar postergó para el día 22 de este mes de agosto, el conocimiento de la solicitud del exministro de Hacienda Donald Guerrero, de que autorice al Ministerio Público la entrega de la carpeta fiscal con todos los documentos de las supuestas pruebas que tiene en su contra.

La magistrada Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió de oficio aplazar la petición, según un abogado de la parte querellante.

Padilla tomó la decisión para que se citara a la audiencia a las familias afectadas con los pagos irregulares por las expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, según el abogado José Bidó, representante de la familia Mota.

Guerrero solicitó la entrega de los documentos a través de una Resolución de Peticiones a la magistrada, que es la jueza control de la investigación que hace la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca),de la alegada red desmantelada en Calamar y en la que el exfuncionario, junto con el exministro de la Presidencia José Ramón Peralta, encabezan la acusación de supuesta estafa al Estado.

Los imputados

El grupo de imputados también lo integran el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el abogado Ángel Lockward, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

También a Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir Fernández de Paola, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Á. y Víctor Matías Encarnación. Por el momento, el expediente contiene veinte acusados de estafar al Estado con 19,000 millones de pesos a través de pagos irregulares en la expropiación de terrenos privados por parte del Estado y en sobornos para la obtención de recursos para la campaña del PLD en 2020.