Antipulpo, otra prueba para el tribunal que llevó casos Lotería y OMSA
El Segundo Tribunal Colegiado fue apoderado del expediente
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se enfrentarán el próximo mes de junio con el juicio de fondo de Operación Antipulpo, en el que están como principales acusados dos hermanos del expresidente Danilo Medina y uno de los cuatro casos de corrupción más importantes sometidos durante el actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El tribunal, presidido por Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Katherine Rubio y Yissel Soto, hace apenas dos meses falló sobre la estafa de más de 500 millones de pesos a través de un sorteo en la Lotería Nacional, y, en septiembre del pasado año, el de corrupción en la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) y asesinato de Yuniol Ramírez. Los principales funcionarios imputados en esos dos casos, Manuel Rivas, exdirector de la OMSA, y Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería, fueron descargados.
La presidenta de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Ingrid Fernández Méndez, asignó el expediente de Operación Antipulpo al Segundo Tribunal Colegiado, “mediante un sistema aleatorio y computarizado”, según el Auto número 503-2023-TAUT-00852, el día 10 de este mes.
El expediente de Antipulpo llega a manos de las magistradas con 21 acusados, de un total de 27 señalados en el supuesto entramado. Tres fueron ya condenados, dos de estos tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público en un juicio penal abreviado; un cuarto fue favorecido con un criterio de oportunidad y un quinto se le declaró la suspensión condicional del proceso penal. Por esta supuesta red de corrupción administrativa, donde son señalados como cabezas Alexis y Carmen Magalys Medina, todavía está prófugo Rafael Leónidas de Óleo, “asociado y gerente” de algunas empresas vinculadas en el entramado de Alexis, según acusación.
La primera audiencia para el juicio de fondo se fijó para el día 20 de junio. Los 21 acusados fueron enviados a juicio por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, por la “suficiente probabilidad de ser autores de los tipos penales de asociación de malhechores” y “estafa contra el Estado”.
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