Refuerzan seguridad en la Fiscalía del Distrito Nacional tras incidentes por detenidos en Operación Calamar

La Fiscalía del Distrito Nacional, donde se encuentran detenidos 20 exfuncionarios públicos vinculados al supuesto entramado de corrupción destapado en Operación Calamar, amaneció este martes acordonada por miembros de Operaciones Especiales la Policía Nacional.                         

Desde el mediodía de este lunes la seguridad en torno al edificio fue reforzada, tras un incidente entre los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana que acudieron a la sede judicial a manifestarse por las detenciones y los agentes que custodiaban el recinto.

Dos agentes resultaron heridos, así como varios de los manifestantes. Además, el edificio resultó con puertas y ventanas rotas.                                                   

El dispositivo de seguridad desplegado impide el paso vehicular por las calles que dan acceso a la Fiscalía, las cuales están bloqueadas con vallas, mientras agentes policiales vigilan celosamente el tránsito peatonal en el entorno.                                   

Desde el pasado sabado, en la Fiscalía del Distrito se encuentran detenidos 20 exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta. 

También, el excontralor, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Además, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.                     

El Ministerio Público depositó anoche la acusación contra el grupo, imputado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña por un monto que supera los RD$19,000 millones.                                                             

El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso sea declarado complejo.                 

Este martes sólo algunos abogados de los procesados han sido vistos subir a la cárcel preventiva de la Fiscalía del Distrito a visitar a sus clientes.