El uso obligatorio de mascarilla se impone en la vida cotidiana de España
Jesús Lozano
Madrid, 9 jun (EFE).- El uso de mascarilla en los medios de transporte y lugares públicos, abiertos o cerrados, seguirá siendo obligatorio en España como elemento básico contra el contagio de coronavirus durante tiempo indefinido, que puede ser una larga temporada, siempre que sea imposible mantener la distancia de seguridad mínima entre personas de 1,5 metros.
El Gobierno español aprobó este martes un plan especial de higiene y prevención sociosanitaria, que regirá en todo el país desde que termine el estado de alarma, el 21 de junio, hasta que el virus esté 'definitivamente derrotado', cuando haya una terapia o una vacuna eficaces, dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en conferencia de prensa.
La mascarilla ya era obligatoria para los mayores de seis años desde el 21 de mayo, si no se podía mantener la separación física mínima, y anteriormente ya se exigía en el transporte colectivo. Ahora, además, el incumplimiento podrá ser sancionado con hasta 100 euros de multa (110 dólares aproximadamente).
Tendrá que usarse en centros de trabajo, docentes y sanitarios, hoteles, equipamientos culturales, espectáculos públicos y actividades recreativas, entre otros casos.
Sin embargo, el uso de este producto se generalizó entre la población española hace ya unas semanas, tanto en espacios cubiertos como al aire libre, incluso cuando es posible mantener la separación de seguridad, como calles y parques.
El jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, y sus ministros, todos con mascarilla puestas, guardaron hoy un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la COVID-19 en su primera reunión presencial desde que se decretó el estado de alarma, el 14 de marzo pasado.
'NUEVA NORMALIDAD'
Las medidas del decreto ley aprobado hoy, que deberá convalidar el Congreso, estarán vigentes en la llamada por el Ejecutivo 'nueva normalidad', mientras dure la crisis sanitaria, que se dará por concluida en su momento de 'forma motivada'.
La cámara legislativa lo ratificará previsiblemente, aunque el Gobierno, formado por una coalición entre el Partido Socialista y el izquierdista Podemos, tuvo que negociar, una vez más, con pequeñas fuerzas políticas porque se encuentra en minoría parlamentaria.
Si la evolución positiva de la epidemia se mantiene, esa 'nueva normalidad' comenzará el 22 junio, terminado el estado de alarma, cuando se levanten las restricciones de movilidad y sea posible para los residentes en España viajar libremente por todo el país, según Illa.
El Ministerio de Sanidad no reportó ningún fallecido tampoco hoy, así que el número oficial total de defunciones sigue en 27.136, con 84 contagios en las últimas 24 horas y 241.966 diagnosticados por pruebas PCR hasta el momento.
Por eso, según el Ejecutivo, las normas aprobadas hoy tratan de prevenir cualquier rebrote, una vez que la expansión de la enfermedad está controlada prácticamente y el país recobra gradualmente la actividad socioeconómica.
Como fundamentos del plan gubernamental, se destacan la detección precoz por PCR de casos y asegurar la coordinación y los refuerzos sanitarios necesarios humanos y materiales de vigilancia epidemíca y de atención hospitalaria y cuidados intensivos.
PLANES DE CONTINGENCIA EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS
Mención destacada se hace de las residencias de ancianos, uno de los focos más importantes de infecciones y muertes durante la epidemia en España. Deberán tener preparados planes de contingencia para posibles rebrotes y coordinarse con los recursos sanitarios.
La incidencia de la epidemia en esas residencias es motivo de polémica social y política constante y de cruce de reproches y acusaciones entre el Ejecutivo central y alguna región, como Madrid (donde gobiernan los conservadores), sobre supuestas órdenes para que los enfermos de más edad no fueran trasladados a los hospitales cuando éstos estaban colapsados.
Solo en Madrid, 6.007 personas fallecieron entre el 8 de marzo y primeros de junio por coronavirus en los centros de servicios sociales de carácter residencial: 1.268 son casos confirmados y los otros 4.739 corresponden a ancianos con síntomas compatibles con la enfermedad, según información regional oficial.
En cuanto a los medios de transporte con asiento preasignado, los operadores tendrán que mantener los registros de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas para poder conocer la trazabilidad en el caso de que se produjera algún caso positivo.
En los centros de trabajo, los puestos laborales y los turnos se organizarán para evitar aglomeraciones, al igual que en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración.
El gestor aeroportuario español (Aena) dispondrá los recursos humanos, materiales y de apoyo necesarios para garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales. Y también se aplicarán medidas en los puertos españoles abiertos a la navegación internacional.
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