Contrataciones Públicas anula licitación del Minerd tras encontrar "irregularidades graves"

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó a través de un comunicado de prensa que ha declarado la nulidad del proceso de licitación OCI-CCC-LPN-2024-0003, organizado por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) del Ministerio de Educación (Minerd), tras identificar graves irregularidades en el procedimiento de contratación.

La licitación, destinada al “equipamiento de talleres con servicios conexos en centros educativos a nivel nacional - segunda etapa”, estaba inicialmente valorada en RD$945 millones, monto que posteriormente fue modificado a RD$966,748,624.00. Las empresas adjudicatarias del contrato fueron A Fuego Lento S.R.L., Suplidores Comerciales & Suministros Tecnomas-LM, S.R.L, Arcaservis y Riften Investment, S.R.L.

De acuerdo con la resolución RIC-0011-2025, la decisión de la DGCP responde a la violación del artículo 20 de la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas, así como a principios de eficiencia, economía y flexibilidad. Según el informe del organismo rector, el pliego de condiciones y su enmienda carecían de la información necesaria para la evaluación de ofertas.

Otras irregularidades detectadas incluyen la habilitación de propuestas técnicas de adjudicatarios cuyos bienes no cumplían con las especificaciones requeridas, la falta de publicidad de actos del proceso y la omisión del debido proceso administrativo al no agotar la fase de instrucción de impugnaciones según el artículo 67 de la ley mencionada. También se señala una evaluación incorrecta de credenciales de los oferentes.

Las inobservancias detectadas incluyen:

• Violación del artículo 20 de la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas.

• Incumplimiento de los principios de eficiencia, economía y flexibilidad.

• Falta de información en el pliego de condiciones y su enmienda para la evaluación de ofertas.

• Habilitación de propuestas técnicas de adjudicatarios cuyos bienes no cumplían con las especificaciones requeridas.

• Falta de publicidad de actos del proceso.

• Omisión del debido proceso administrativo al no agotar la fase de instrucción de impugnaciones conforme al artículo 67 de la ley.

• Evaluación incorrecta de credenciales de los oferentes.

Ante estos hallazgos, la DGCP ordenó a la OCI identificar a los funcionarios involucrados en el proceso y determinar las acciones correspondientes conforme a la Ley 41-08 de Función Pública. Asimismo, dispuso la remisión del caso a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para que procedan con las investigaciones correspondientes.

En cumplimiento de la resolución, los contratos derivados de este proceso han quedado sin efecto, por lo que la OCI deberá convocar un nuevo procedimiento de contratación para la adquisición de los bienes y servicios requeridos.