Olivo Rodríguez Huertas: “El Minerd afecta la libre competencia creando sus propios libros de texto”

Olivo Rodríguez Huertas, Boris de León Reyes e Ismael Tabares Veras, los abogados que representan a la editora Casa Duarte conversaron con Diario Libre sobre la demanda contra el Ministerio de Educación ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que busca anular la ordenanza 03-2022, que “establece la Preparación de Contenidos, Estrategias, Materiales y Recursos para el Aprendizaje”; es decir la decisión del Minerd de crear una unidad editorial para realizar los libros de texto del sector público e incluso, como adelantó un viceministro, también en el sector privado

Rodríguez Huertas explicó los motivos de la demanda y los argumentos que asegura darán al traste con la ordenanza que amenaza con llevar a la quiebra a los editores de libros de texto.

—¿Cuándo será conocido por el TSA el recurso que demanda la anulación de la Ordenanza 03 2022?

El pasado 8 de febrero, Casa Duarte depositó el Recurso Contencioso Administrativo que persigue la nulidad de la Ordenanza 03-2022. En principio, el proceso contencioso administrativo es esencialmente escrito, por lo que no suelen celebrarse audiencias, salvo que el Tribunal, a pedido de una de las partes o de oficio, así lo disponga.

Se está a la espera de que el TSA autorice la notificación formal del Recurso al Consejo Nacional de Educación del Minerd y a la Procuraduría General Administrativa, para que estas partes presenten sus medios de defensa. Luego de esta fase, el juez presidente del TSA asignará una de las salas para conocer el caso.

—No es la primera vez que el Ministerio elabora sus libros, ¿por qué, por primera vez, es llevada a los tribunales?

Originalmente, en la Ley General de Educación 66-97 estuvo prevista la posibilidad de que el Minerd preparara directamente los libros de texto. No obstante, con posterioridad a dicha normativa, el propio Estado recurrió a la colaboración privada.  La presencia de las empresas editoriales privadas en la política editorial del Estado fue consagrada en la Ley General de Educación, a través de la Ley 222-07, que dispuso no solo la vigencia obligatoria por 4 años de los libros de texto aprobados por el Consejo Nacional de Educación, sino también la responsabilidad civil de las editoras en caso de que los libros no estén disponibles.

Es importante señalar que el mismo consejo, mediante la Ordenanza 26-2017, que aprueba el Reglamento de Evaluación de los Medios y Recursos para el Aprendizaje, reconoció el papel de la industria editorial privada, consagrando que la evaluación se realiza con relación a los libros propuestos por el sector privado y las normas vigentes fomentaron la inversión de las empresas editoriales.

Son esas, parte de las razones que mueven a Casa Duarte a recurrir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a fin de restablecer el respeto al ordenamiento jurídico y, de manera especial, al principio de seguridad jurídica.

—Si la decisión del TSA no les favorece, ¿Cuál sería el próximo paso?

Estamos plenamente confiados en que el TSA estatuirá conforme al ordenamiento jurídico dominicano, el cual ha sido totalmente transgredido por las autoridades del Consejo Nacional de Educación. No advertimos posibilidad alguna de que dicho tribunal no acoja nuestras pretensiones. Las violaciones constitucionales y legales son demasiado evidentes. Estamos confiados en que se impondrá el respeto a las normas.

—¿Qué harán para que el Minerd no continúe elaborando sus textos en lo que se emite el fallo?

No hemos descartado la posibilidad de interponer otras acciones judiciales, no solo para obtener la suspensión de la Ordenanza 03-2022, en lo que se conoce el fondo del asunto ante el TSA, sino también para ordenar la ejecución de las Ordenanzas 03-2021 y 01-2022 del propio Minerd, mediante las cuales se aprobaron 402 libros de texto escolares que hoy deberían estarse distribuyendo a los estudiantes. Asimismo, estamos estudiando las contrataciones ilegales que ha realizado el Minerd con universidades, academias y autores independientes, para ejercer nuevas acciones en nulidad por ante el TSA. También solicitaremos la investigación de las actuaciones ilegales del Minerd ante los órganos administrativos de control del Estado, y no renunciamos a perseguir la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios públicos envueltos en estas irregularidades.

—¿Hubo diálogo antes de acudir al TSA?

El señor Pablo Cuello, director de Casa Duarte, nos informó que a finales de 2022 sostuvo dos encuentros con el ministro de Educación para proponer soluciones ante la falta de libros de secundaria en el sistema educativo público.

En uno de esos encuentros, el señor Cuello le sugirió, como una iniciativa de Casa Duarte, donar la impresión de los libros digitales que habían sido adjudicados, debido a los problemas que habían surgido con la implementación de los libros digitales, tales como la carencia de equipos y la falta de una aplicación adecuada para su uso correcto, -aplicación de software que al inicio de la licitación de 2022 el Minerd dijo que utilizaría para distribuir los libros digitales, pero que a la fecha no ha puesto en funcionamiento.

Conforme me relató el señor Cuello, el ministro se mostró complacido por la iniciativa e incluso le pidió que formalizara por escrito la propuesta.  Ha sido una gran sorpresa y decepción para nuestro cliente, constatar que, cuando el ministro le solicitó formalizar el sacrificio de imprimir los libros digitales adjudicados en formato digital, ya  había iniciado la conformación de la unidad editorial del Minerd... y que se ha contratado personal que tiene vínculos con las editoriales que resultaron adjudicadas en el proceso de licitación para los libros digitales de secundaria finalizado en 2022. Casa Duarte ha ejercido acciones en contra de la señora María Virtudes Núñez Fidalgo por considerar que ha violado los contratos de confidencialidad. Parece, que al ministro de Educación no les gustan las editoriales, pero sí el personal que trabaja en ellas. La señora María Virtudes Núñez ha sido nombrada asesora del ministro de Educación, y según el informe de la Contraloría General de la República, recibe un salario mensual de RD$130,000.00.

—¿Qué opina sobre lo dicho por Manuel Núñez, director de la Unidad Editorial del Minerd, respecto a que el ministerio tiene competencia para elaborar libros al amparo del artículo 94 de la Ley General de Educación?

El Minerd defiende el cambio de su política bajo el alegato de que en la década de los 90 se produjeron libros, citando el texto aislado de la Ley General de Educación 66-97, sin reconocer que se está amparando en atribuciones que fueron derogadas por normas posteriores, que fueron mencionadas anteriormente.

Eso muestra un desfase en el señor Núñez, que se le podría perdonar por no ser abogado. 

Precisamente, esa facultad de la “preparación de libros de texto escolares” no es compatible con las disposiciones de la Ley 502-08 del Libro y Bibliotecas, ni con el artículo 219 de la Constitución de la República. Se trata de una facultad que ha sido derogada de manera sobrevenida. Tanto es así que el propio Minerd, al aprobar el Reglamento de Evaluación de los Medios y Recursos para el Aprendizaje, mediante la Ordenanza 26-2017, estableció un proceso de evaluación que se realiza con relación a libros de texto propuestos por personas del sector privado.  

El Minerd no cuenta con procedimientos para evaluar los libros de la recién creada “Unidad Editorial”. Al contrario, su propio Reglamento (Ordenanza 26-2017) prohíbe expresamente que los evaluadores estén vinculados a las editoras o autores que presentan los libros sometidos a evaluación.

Se generaría un evidente conflicto de interés si, al mismo tiempo, el Minerd produce los libros y los evalúa. Esta dualidad de competencias es incluso sancionada por la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, que prohíbe que un mismo órgano concentre las actividades de regulación y operación de servicios.

Es importante recordar que, a través del Consejo Nacional de Educación, el Minerd aprueba los libros de texto escolares que se utilizan tanto en las escuelas como en los colegios privados. Sin dicha aprobación, no se pueden utilizar libros en el sistema educativo nacional. Por tanto, el MINERD fungiría como juez y parte, evaluando los libros producidos por su Unidad Editorial, sin garantía alguna de competencia ni calidad.

De hecho, la Ley 222-07, que modificó la Ley 66-97 General de Educación, estableció que, una vez aprobados por el Consejo Nacional de Educación, los libros de texto permanecen plenamente vigentes por un periodo mínimo de cuatro años. Por esto es que resulta tan sorpresiva la conducta del Minerd, ya que esa misma institución aprobó 402 libros entre 2021 y 2022, entonces ¿cómo es posible que el Minerd pretenda dedicar RD$2,426,681,150.52 para elaborar nuevos libros durante 2023, cuando tiene cientos de libros aprobados con apenas 1-2 años de vigencia?