Hugo Beras: “En el país hay aproximadamente un millón de motoristas sin licencias de conducir”

A pesar de que la Ley 63-17 que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) establece requisitos similares para la conducción de motocicletas y  automóviles, la mayoría de los motoristas del país viajan sin licencia ni documentos como el seguro, matrícula y marbete al día.

Así reconoció el director del Intrant, Hugo Beras, en el Diálogo Libre del periódico Diario Libre.

Beras argumenta que, por esta razón, se inició el registro de motociclistas, un plan conjunto del Ministerio de Interior y Policía y el Intrant que, en la primera fase, permitió dotar de documentos a 813 mil motociclistas, y junto con ellos a sus motocicletas. A su entender, el plan es "un avance en la dirección correcta" para ir resolviendo el desorden que existe tras más de una década "en el olvido". 

Justo antes del plan de regularización en el país solo había 13 mil motociclistas con documentos, lo que indica que el registro logró alcanzar a unas 800 mil personas. Reconoció, no obstante, que son más de dos millones las motocicletas registradas por la Dirección de Impuestos Internos (DGII), lo que deja aproximadamente un millón de motociclistas y motocicletas sin registro ni documento.

Esta falta de documentos  impide que los motociclistas puedan ser fiscalizados cuando violan las leyes de tránsito, por un lado; y por el otro, que no posean seguros de vehículo. ¿Por qué no se hizo antes? Beras cree que este rezago se debe principalmente a una estrategia de los gobiernos anteriores de dejar a los motoristas a la libre con finalidad política. "Nosotros estamos trabajando en la decisión tomada por el presidente, que es la de implementar el plan de regularización y de identificación de motocicletas".

A la fecha, las motocicletas no pagan marbete. Al asumir la política de "deja eso así", Beras asegura que también se dejó a los motoristas a ir por la libre, lo que ha permitido que en ese grupo ocurran de manera reiterada una alta incidencia de violaciones de tránsito como transitar por las aceras y pasarse el semáforo en rojo. "El motociclista se acostumbró a violar la ley", sentenció. 

Un tercer imparcial

Hugo Beras justificó la alianza público-privada para la inspección técnica vehicular alegando que el Gobierno no puede ser juez y parte y argumentando que es la mejor garantía de que sea un programa sostenible en el tiempo como ocurre en muchos países donde un tercero imparcial se encarga de lo operativo y el Estado de la fiscalización.

Beras dijo que la finalidad de la inspección es reducir la cifra de muertes que ocurren en el país y en cumplimiento al mandato de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sostuvo que un tercero imparcial garantiza que se lleven los procesos concretos. 

Indicó que se están tomando modelos de éxito de países, con empresas especialistas en el tema, como ocurre en Corea, Alemania y Costa Rica, entre otros de América Latina, Europa y Estados Unidos donde la participación de un tercero imparcial ha dado buenos resultados y las muertes por accidentes de tránsito se redujeron.

“Solamente en este tema, en Costa Rica, el primer año tuvo una reducción de un 27 % de accidentes de tránsito, pero, al tercer año de implementar la inspección técnica vehicular, la reducción de tráfico de accidente de tránsito había sido de un 40 %. Estos números demuestran el impacto que tiene esto”, enfatizó el director del Intrant.

Descartó que el Estado pueda hacer la inspección y recordó que en el pasado se intentó pasar revista, pero los resultados no fueron positivos.  

Sin definición

Con relación al costo de la inspección, dijo que todavía eso no está definido, pero que podría rondar entre los 27 y los 30 dólares, y que el monto exacto se dará a conocer en su momento porque el proceso de implementación del proyecto se llevará entre 18 y 24 meses, por lo que no se implementaría en el actual Gobierno.

Sacar vehículos chatarras de circulación

Uno de los objetivos de la Inspección Técnica Vehicular (La Revista) es sacar de circulación miles de vehículos chatarras que constituyen un peligro para los conductores y la ciudadanía, y para ello se inició un proceso de socialización con diversos sectores.

El 2027 se tiene como fecha límite para la chatarrización para vehículos que tengan 20 años o más, o que no pasen la inspección técnica vehicular, informó Hugo Beras, director del Intrant.

Dijo que la chatarra se convierte también en ingresos porque esos vehículos se pueden vender como metal siempre y cuando se confirme que el chasis no está adulterado, que no es un carro que tiene algún tipo de condición. Se toma una serie de parámetros que van mucho más allá de solamente el proceso de la inspección.

“Hay un proceso de compensación a la gente para que pueda adquirir una unidad nueva o de una tecnología mucho mejor o más moderno, pero se llegará a esa conversación. Lo que pasará después es la práctica que se hace en todos los países: se establece un centro de recepción y ese vehículo se saca del sistema para garantizar que no se vaya a vender, se saca automáticamente, se le elimina la placa”, dijo Beras.

Sostuvo que han tenido una altísima valoración en el proceso de socialización de los que tienen esas chatarras porque muchos gastan más dinero en mantenerlos que lo que costaría comprar un vehículo nuevo y puso de ejemplo que hay carros que tienen que gastar hasta dos cuartos de aceite cada día.

“Aquí estamos trabajando con un equipo técnico, las decisiones que se están tomando no son decisiones a lo loco, son decisiones muy estudiadas. Hemos trabajado muy fuerte para hacer todo este proceso y para que ustedes puedan ver un resultado a corto plazo”.