Regidores dicen aumento de sueldos está en el presupuesto de la pasada gestión

La Asociación Dominicana de Regidores rechazó este miércoles cualquier intento de aumento de sueldo de sus miembros y aclaró que el reajuste que se hizo a los ediles de Pedro Brand y Boca Chica fue aprobado en el presupuesto de la pasada administración, lo que dijo que no viola la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Elías Reynoso, presidente de los regidores, aclaró que los aumentos que se han hecho, tanto sus colegas de Boca Chica como en Pedro Brand, fueron aprobados por los pasados regidores, por lo que en ese caso no hay ilegalidad.

Afirmó que favorece un aumento salarial, porque desde 2007 no se reajustan los salarios de los regidores a pesar del incremento de la inflación. No obstante,  considera que ninguna administración puede aumentarse los salarios.

“Nosotros estamos de acuerdo con el tema de los aumentos, siempre y cuando esté dentro de lo que la ley estipula. En el tema de Pedro Brand, es un aumento del cual se ha estado hablando, se ha dicho que el monto que se van a aumentar no es real, pero es un aumento que fue aprobado en el presupuesto del 2024, o sea, está aprobado en este presupuesto, aprobado por las autoridades pasadas”, dijo Reynoso.

Manifestó que como entidad que agrupa a los regidores solo se conoce de esos dos casos, porque tienen esas características de que no fue aprobado por los propios colegas para beneficiarse, lo que sí sería ilegal.

Consideró que es injusto que desde hace 17 años no se aumenta los salarios a los regidores, mientras sí ha n recibido reajustes directores departamentales de las alcaldías y nadie ha dicho nada.

Fedomu

Sobre el tema, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz,  dijo que siente preocupación por las intenciones de aumentar dichos sueldos.

Aprovechó para recordar a los regidores que la Constitución establece  que ninguna institución pública o autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados”.

Indicó que en el caso hipotético de que lo que se trate es de aplicar una resolución aprobada por el Concejo de Regidores de la gestión anterior o actual como lo establece la Constitución, aún así la alcaldía debe velar y cumplir con los siguientes criterios:

“Tener la opinión favorable del Contralor Municipal, tener identificada la fuente de la cual provendrán dichos fondos, determinar si ese aumento no sobrepasa el tope de gasto para el pago del personal, verificar si dicho aumento fue iniciativa del alcalde, ya que solo él tiene iniciativa presupuestaria, y verificar si dicho aumento está contemplado en el presupuesto de este año, ya que los gobiernos locales se rigen por un principio de legalidad presupuestaria que tiene que ser cumplido.

El también alcalde de La Vega llamó a la Liga Municipal Dominicana, al Ministerio de Administración Pública, al gabinete de descentralización y las entidades municipalistas para conformar lo antes posible una comisión o mesa de trabajo que elabore una propuesta que busque solución al aumento mínimo de un 6 % de la transferencia a los gobiernos locales.

Liga Municipal Dominicana

La Liga Municipal Dominicana y el Ministerio de Administración Pública  se encuentran en la fase final de definición de una propuesta de escala salarial para las autoridades municipales que será remitida para el conocimiento, y eventual aprobación,  de los gobiernos locales, para que pudiera comenzar a aplicarse, en función de lo previsto en el artículo 140 de la Constitución. Esto sería a partir de la gestión municipal 2028-2032.

Con esta propuesta, se da cumplimiento a la Ley  105-13 sobre regulación salarial del Estado bajo los principios de racionalidad y eficacia de la administración pública, estableciendo montos máximos de retribuciones en todos los cargos electivos de los gobiernos locales, según el tamaño del municipio o distrito municipal y en relación a la capacidad presupuestaria del gobierno local.