No quieren que regrese la primavera
En Guatemala miles siguen saliendo a protestar contra los esfuerzos oficiales por evitar que Bernardo Arévalo asuma la presidencia que ganó en agosto
CONNECTAS
El 31 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó el proceso y oficializó los resultados de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) 2023. En un comunicado el TSE afianzó la certeza jurídica de los resultados en la primera y segunda vuelta electoral y advirtió que son “inalterables”. De ese modo confirmó lo que todos esperaban: que Bernardo Arévalo sería el próximo presidente de Guatemala.
Sin embargo, para Renzo Rosal, politólogo y catedrático universitario, la transición del presidente electo aún no está garantizada, porque el Ministerio Público (MP) podría impedir que asuma bajo la premisa del fraude electoral. Por otro lado, aún si Arévalo lograra jurar el cargo el próximo 14 de enero, la persecución judicial continuaría.
Esta incertidumbre surge precisamente por lo ocurrido el 30 de septiembre, cuando el MP secuestró las actas que contenían los resultados de la primera vuelta electoral que acercaron a Arévalo a la presidencia.
El MP argumentó, en aquella ocasión, que realizó las diligencias con fundamento en la ley y que con ello buscaba proteger “elementos propios de investigaciones en curso”. Sin embargo, para Gabriela Carrera, directora de Acción Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), esas acciones fueron “ilegales” y “reprochables”. Hizo énfasis en que esto se enmarcó en un esfuerzo por mantener la corrupción y la impunidad al evitar que Arévalo asuma la presidencia.
El decomiso de las actas, sin antecedentes históricos y descrito por el TSE como una “invasión al evento electoral 2023”, indignó a la población guatemalteca. Liderada por la organización indígena 48 Cantones, la gente se tomó las calles desde el 2 de octubre para exigir la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras; del fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana, quien autorizó el allanamiento en el TSE.
48 Cantones no es cualquier organización regional. Funciona como un sistema de gobierno comunal y respalda a sus autoridades. La integran hombres y mujeres que se desempeñan en la agricultura, el comercio y desde diferentes profesiones. Luis Pacheco, su presidente, advirtió cuando se oficializaron los resultados electorales que “cuidarán la democracia” y se mantendrán en resistencia para que se respete la decisión de los guatemaltecos.
A 48 Cantones se sumaron nueve organizaciones y autoridades indígenas, que siguen convocando a marchas y plantones frente al MP y la Corte de Constitucionalidad (CC). De hecho, este 2 de noviembre se cumplió un mes de las manifestaciones pacíficas que paralizaron el país y dejaron más de 130 rutas tomadas.
Mientras el clamor popular aumenta, la fiscal general ha insistido en aferrarse a su cargo. La postura del MP, de espaldas al llamado de la ciudadanía, se veía venir ya desde principios de julio, cuando decidió instalar rejas alrededor de su sede central, una semana después de la primera vuelta electoral. Luego, en vísperas del 20 de octubre, Día de la Revolución de 1944 (que dio paso a gobiernos democráticos como el de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz) blindaron el edificio aún más, con vallas y policías.
Pero ese intento de encerrarse de la ciudadanía ha resultado en una imagen elocuente: los protestantes han aprovechado las rejas que montó la entidad como escaparate para exhibir allí sus pancartas en las que piden la renuncia de Porras.
Ante el hermetismo del MP, los pueblos originarios se han unido para liderar la defensa a la democracia. Por décadas, estas comunidades han sido marginadas y abandonadas por los gobiernos que no atienden las necesidades en educación, salud, empleo y seguridad. Hoy piden al unísono respeto por la voluntad popular.
¿Por qué impedir que asuma?
Y es que el momento actual resulta particularmente simbólico para la democracia guatemalteca. La razón: Bernardo Arévalo es hijo de Juan José Arévalo, uno de los presidentes más recordados de la primavera democrática, que duró entre 1945 y 1951, cuando ese país parecía encaminado a adoptar las elecciones libres y transparentes para la sucesión en el poder.
Entre los logros más importantes de Arévalo se destacan el establecimiento de la autonomía de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la fundación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), vigente hasta el día de hoy, así como del Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), el desarrollo de un nuevo formato educativo y el establecimiento de varias instituciones , entre otros muchos.
Esa era democrática terminó en 1954 cuando el sucesor de Juan José Arévalo, el presidente Jacobo Árbenz, fue derrocado por un golpe de Estado protagonizado por el coronel Carlos Castillo Armas y orquestado desde Estados Unidos por la CIA. Desde entonces, una sucesión de regímenes con fuerte influencia militar revirtieron muchos de los avances sociales de esos gobiernos, a los que calificaban de comunistas.
Hoy, Bernardo Arévalo, un diplomático y profesor sin mayor experiencia política y de tendencia socialdemócrata, tiene en el primer lugar de sus banderas la lucha contra la corrupción que ha campeado en el país desde los años cincuenta. Con esos antecedentes, a criterio del politólogo Rosal, algunos políticos, varios miembros del crimen organizado, ciertos militares y empresarios emergentes que se han enriquecido por negocios con el Estado, temen que Arévalo y su Movimiento Semilla interrumpan el régimen de impunidad. Para hacerlo propagan miedos infundados al calificar a Arévalo y a su agrupación política de integrar un partido de izquierda que abrirá las puertas al aborto y al matrimonio igualitario en un país tradicionalmente conservador.
En este esquema, explica Rosal, estos grupos han utilizado a la fiscal general como “alfil operativo”. Ella los cuida y entiende la lógica de las redes de corrupción. Además, “ha dado batalla”, a pesar de que Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
Durante la gestión de Porras, fiscales que trabajaron con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y jueces que judicializaron casos de alto impacto como el del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (administración gubernamental 2012 a 2015), y de José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del expresidente Jimmy Morales (2016 a 2020), salieron al exilio para evitar la criminalización de la institución donde trabajaron.
Además, el MP cerró la investigación del supuesto pago de sobornos rusos al presidente Alejandro Giammattei, con el que una empresa minera arrendaría por un plazo de 20 años un terreno en el Puerto de Santo Tomás de Castilla en el Caribe guatemalteco.
Por su parte Carrera, la directora de Acción Pública de la URL, opina que no quieren dejar asumir a Arévalo porque él y su partido cuestionan privilegios y porque podría abrir la puerta a otros gobiernos progresistas, lo que marcaría un cambio profundo de cultura política.
Falta un poco más de dos meses para que Bernardo Arévalo asuma la presidencia, pero el futuro todavía es incierto. En efecto, al finalizar el proceso electoral también cobró vigencia la orden del juez Orellana (que autorizó el allanamiento en el TSE el 30 de septiembre) de suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla, aunado a los anuncios de investigación del MP.
Mientras tanto las agrupaciones indígenas y ancestrales, que se movilizaron de sus comunidades a la capital para exigir la renuncia de las autoridades del MP y de Orellana, advierten en una manta colocada frente al MP: “La alarma ya sonó y el pueblo despertó. Yo no quiero que me regalen nada, quiero que dejen de robar”.
Por Mariela Castañón, miembro de #CONNECTASHub
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