La crisis de quienes cuidan los derechos civiles en Centroamérica
La región es la más peligrosa del mundo para los defensores de derechos humanos: 177 perdieron la vida de forma violenta en los últimos cinco años. Estos datos convierten a los países del istmo en una de las regiones más peligrosas para quienes abogan por los derechos de la ciudadanía, desde activistas hasta jueces y periodistas.
CONNECTAS
Por Iván Olivares y Vanessa Cortés para Confidencial y CONNECTAS
Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de derechos de los ciudadanos. Según Front Line Defenders (una oenegé con sedes en Irlanda y Bélgica), entre 2018 y 2022 fueron asesinados 177 defensores en Centroamérica.
A pesar de que es una parte muy pequeña del territorio y de la población total de América (46.3 millones de habitantes en 2022, según datos del Banco Mundial), uno de cada siete defensores —donde se incluye a activistas de derechos humanos, pero también a protectores del ambiente, defensores de la tierra y del territorio, así como a jueces y a periodistas— fue asesinado en estas tierras.
Esto pone a Centroamérica como el lugar donde más defensores de derechos son asesinados como proporción de su población (3.46 por cada millón de habitantes), luego de Colombia (14.15).
Citando datos de los tres países de la región, el comisionado Joel Hernández, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que se ha detectado un alto número de asesinados por defender el ambiente, lo que tiene su origen en el contexto en el que las personas defensoras ejercen su labor. Este “responde a una realidad compleja que no es atribuible a una causa exclusiva, sino a la suma de causas y factores estructurales que contribuyen a la discriminación histórica de estos grupos, como los elevados índices de pobreza y desigualdad en la distribución equitativa de tierras”.
Las agresiones también incluyen violencia física, acoso sexual, actos de intimidación, difamación y denuncias judiciales, y hablan de un fenómeno de ataque a los defensores mucho más generalizado en la región que si solo se tienen en cuenta los homicidios registrados. Si bien no hay cifras consolidadas para toda Centroamérica, distintas organizaciones recogen datos nacionales de agresiones a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos.
A esto se agrega el problema de la impunidad de los agresores. Una fuente de la organización feminista Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés, con presencia en Mesoamérica, el sudeste asiático y Suráfrica), que pidió el anonimato para hablar para este reportaje de CONFIDENCIAL y CONNECTAS, observa que en varios países de Centroamérica “no hay un Estado de derecho. Están absolutamente cooptados, tanto el Poder Judicial -que es lo más preocupante, porque no da posibilidades de tener espacio para la justicia- como el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.
Tamara Taraciuk, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, dice por su parte que “cuando se cometen delitos que no son debidamente investigados y los responsables no son llevados ante la justicia, se fomenta un círculo de violencia o se da el mensaje de que este tipo de cosas están permitidas. Ese es un factor que atraviesa la región y contribuye a este clima hostil”.
Guatemala es el país donde se les ataca de forma casi permanente: los casos de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos agredidos fueron 3574 en 2022 (casi 10 por día), según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). En Honduras, ese clima hostil se tradujo en 1132 agresiones contra personas defensoras en ese mismo año, según IM – Defensoras; mientras que la Mesa por el Derecho a Defender Derechos registró 328 ataques a personas y colectivos defensores de derechos y periodistas en El Salvador.
Y si bien por décadas Costa Rica ha sido citada como ejemplo de nación donde se cumple el Estado de derecho, y donde los defensores pueden actuar con total seguridad, Marco Antonio Castillo, presidente de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR), observa un ligero retroceso al recordar el asesinato de dos activistas indígenas en los últimos diez años, así como los hostigamientos a los que él mismo fue sometido por casar a dos mujeres.
Esa estadística regional no tiene visos de mejorar si se considera la deriva autoritaria de cuatro de los cinco gobiernos del istmo, los que no respetan las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y rigen sociedades que parecen acostumbradas a ese ambiente de injusticia e inestabilidad. En ellas, el peligro proviene de todas partes: agentes del Estado, empresarios, organizaciones fundamentalistas y grupos criminales.
Honduras: el número no para de crecer
En Honduras es donde la situación es más crítica, especialmente para quienes defienden los derechos ambientales y los de la comunidad LGBTIQ+. Lo demuestran dos historias separadas por apenas seis años, pero cubiertas por la misma crueldad: las de Thalía Rodríguez y la de Berta Cáceres.
Rodríguez fue la primera persona defensora de derechos humanos proveniente de la comunidad LGBTIQ+ asesinada en el país en 2022, según el Observatorio TMIS de la Red Lésbica Cattrachas. En la tarde del 10 de enero de ese año tres hombres armados entraron a su casa, ubicada en las faldas del cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa, y la mataron con varios disparos en la cabeza (además, hirieron a su pareja). Fue el trans feminicidio número 402 registrado a lo largo de 12 años en ese país, siempre según el Observatorio TMIS.
Ni la sentencia, ni las obligaciones que asumió el Estado sirvieron para proteger después la vida de Thalía. Su muerte fue una de las 87 de personas defensoras reportadas en Honduras por Front Line Defenders entre 2018 y 2022, donde ocurrió casi la mitad (49.2%) de los 177 crímenes cometidos en Centroamérica.
Taraciuk refiere que “según el relator de Naciones Unidas sobre Defensores, Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para hacer esa labor”. La referente del Diálogo Interamericano también recordó que el Gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro “prometió trabajar con la sociedad civil… y eso sigue siendo una gran deuda”.
Otro asesinato emblemático es el de Berta Cáceres, ocurrido en 2016. Es quizás el más conocido en la región, por sus implicaciones en materia de defensa del medioambiente y porque puso en evidencia a empresarios voraces coludidos con militares, así como las carencias autorregulatorias del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Berta era una lideresa de la etnia indígena lenca, además de feminista y defensora del medio ambiente. En ese rol se destacó su oposición a la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque; su lucha contra proyectos mineros y madereros, y su enfrentamiento con el expresidente Juan Orlando Hernández, al que llamó “dictador” y “vendepatria”.
Oponerse al proyecto de represa le costaría la vida: el 3 de marzo de 2016, cuatro asesinos la mataron a balazos dentro de su casa. Dos años después, el 2 de marzo de 2018, capturaron a David Castillo, presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA, dueña de la fallida Agua Zarca), que sería condenado a más de 20 años de cárcel en julio de 2021 como autor intelectual del asesinato.
Guatemala: el país del que hasta los jueces huyen
El 5 de diciembre de 2022, el cuerpo de la rapera Nesly Lizet Consuegra Monterroso (Neshie) fue hallado dentro de un auto sin placas. Estaba atada con cuerdas. Había recibido un golpe en la cabeza, aunque también tenía señales de tortura, y la habían bañado en ácido.
Había comenzado a rapear en 2013 y luego formado un movimiento de estilo libre femenino conocido como 'Women Free', con el que buscaba ayudar y empoderar a las mujeres que buscan convertirse en raperas.
Aunque el ciclo violento se repite una y otra vez en Centroamérica, la situación es muy aguda en Guatemala, país que cuenta 71 defensores asesinados en los últimos cinco años; pero, además, del que ha tenido que huir una treintena de jueces, fiscales y periodistas por la judicialización de defensores de derechos civiles por motivos políticos.
“Un caso paradigmático es el de [José Rubén] Zamora, [director y fundador de El Periódico,] que ha sido uno de los medios que más ha denunciado la corrupción”, y quien fue condenado este año a prisión, dijo la fuente de Asociadas por lo Justo, añadiendo que el periodista sigue preso, igual que su abogado, al punto que el comunicador eligió defenderse a sí mismo para no poner a los letrados en riesgo.
“Hay una fiscal, Virginia Laparra, que está presa y sin medios de prueba, sufriendo juicios arbitrarios”, muchos de los cuales están enfocados contra gente que participó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). “Hay una Fundación Contra el Terrorismo que abiertamente dice que la gente de la Cicig tendrá que pagar… por las denuncias que interpusieron”, al punto que “van más de 30 jueces y fiscales que han tenido que salir” del país, insiste la fuente.
El exjuez Miguel Ángel Gálvez es uno de ellos. Después de llevar escoltas a lo largo de dos décadas y movilizarse en un auto blindado por más de cinco años para preservar una vida dedicada a enjuiciar a delincuentes involucrados en algunos de los casos más emblemáticos de Guatemala, tuvo que abandonar su país al percibir un alto nivel de peligro.
Nicaragua, el país donde te persiguen por reclamar derechos
Si bien los datos recientes ubican a Nicaragua como un país muy peligroso para defender derechos, el problema viene desde hace años. “Desde 2007”, dice el abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos ‘Nicaragua Nunca Más’. El escenario se complicó cuando “asumió el poder nuevamente Daniel Ortega y [su esposa y ahora vicepresidenta] Rosario Murillo”, aseguró.
Después de ejercer por varias décadas como defensor en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Carrión supo en carne propia qué es ser criminalizado por su labor, cuando tuvo que huir del país señalado como encubridor del crimen de una familia de seis personas que murió quemada en su propia casa en Managua, en junio de 2018.
El 15 de febrero de 2023, el régimen sandinista lo incluyó en una lista junto con otros defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y académicos a quienes declaró “traidores a la patria”, les quitó su nacionalidad y ordenó confiscar sus bienes.
Jhoswel Martínez tenía solo 16 años de edad cuando se convirtió en defensor como parte de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). Esa decisión —que en principio era solo para protegerlo, al darle estatus de ‘defensor’— se convirtió en una vocación que lo llevaría, en agosto de 2018, a entrar en Honduras después de buscar refugio en varias embajadas europeas acreditadas en Managua que rechazaron ayudar por temor a la reacción del Gobierno de Ortega.
Después pudo establecerse en Costa Rica, donde formó la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), que brinda asesoría a los extranjeros que necesitan apoyo para gestionar su situación migratoria. Muchos defensores siguen esta ruta, aprovechando que, aunque no es imposible, sí es poco probable que los vayan a perseguir en Costa Rica.
Algo similar le sucedió a la abogada María Luisa Acosta, defensora de derechos de las comunidades indígenas de la Costa Caribe, quien se vio obligada a abandonar Nicaragua hostigada por simpatizantes de Daniel Ortega y Rosario Murillo en represalia por su participación en el Diálogo de mayo de 2018, cuando el régimen aceptó (brevemente) negociar con quienes se manifestaban en las calles.
Ella, Carrión y Martínez son solo tres de los miles de defensores que no solo no pueden ejercer su labor social en Nicaragua, sino que han quedado indefensos ante los abusos del régimen sandinista contra quienes defienden los derechos humanos en un país que no los respeta, según concluyó el Ghren en el informe que dio a conocer este año.
Pero también los defensores del territorio ocupan una proporción importante de los perseguidos y de los asesinados. Salomón López Smith, un líder de la comunidad indígena mayangna, fue encontrado muerto a principios de marzo de 2022 con evidencia de haber sido cruelmente torturado.
Poco después, el 21 de mayo, el dirigente comunitario Gilberto Castro Hernández y su hijo David Castro Herrera fueron asesinados en la comunidad El Paraíso (Puerto Cabezas, Caribe Norte). Los mataron cuando no pudieron obligarlos a abandonar su propiedad, en un contexto de continua invasión de las tierras indígenas por parte de colonos mestizos que llegan atraídos por la riqueza forestal y minera de esas zonas.
Más de un año después, los tres crímenes de los líderes indígenas siguen impunes.
Como ellos, 15 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Nicaragua entre 2018 y 2022, según el informe de Front Line Defenders. Además, los diez que fueron muertos en 2021 son la parte más macabra de las 2269 vejaciones contra estos activistas ocurridas en el país en los primeros nueve meses de ese año, según la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM - Defensoras).
El Salvador: 16 meses sin garantías constitucionales
En la madrugada del martes 22 de marzo de 2022, la salvadoreña Elizabeth de León (55), reconocida defensora del medio ambiente, pero también de las mujeres en situación de violencia, fue asesinada de manera atroz por dos hombres que se bajaron de un carro blanco. También conocida como Niña Bety, le propinaron unas 30 puñaladas. Murió desangrada en el vehículo en el que la llevaban a un hospital.
Ese año, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos registró 328 ataques contra personas defensoras en El Salvador, muchos de ellos en el contexto del estado de excepción dictado el 27 de marzo de ese mismo año, lo que aumentó la peligrosidad en que se desarrolla la actividad de defensoría en ese país.
En este país fueron asesinados dos defensores entre 2018 y 2022 (según Front Line Defenders). En comparación con los otros países del Triángulo Norte, la cifra no es tan alta, pero desde hace 17 meses el Gobierno de Nayib Bukele mantiene suspendidos todos los derechos constitucionales en el marco del régimen de excepción con el argumento de la lucha contra las organizaciones criminales conocidas como “maras”.
A partir de marzo de 2022, garantías constitucionales como el derecho a la defensa o el derecho a contar con la presunción de inocencia están suspendidas en El Salvador. Y si bien los asesinatos por parte de las bandas armadas han disminuido con estas medidas represivas, las condiciones para que muchos defensores de derechos hagan su labor han empeorado. Muchos de ellos denuncian que sufren ataques desde el mismo Gobierno, como refleja una reciente investigación publicada por CONNECTAS.
Alejandra Burgos, miembro de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, teme que el estado de excepción pueda generar nuevas formas de reprimir a la ciudadanía, incluyendo a defensores, por lo que llamó al Estado salvadoreño a revisarlo de manera urgente.
“Este régimen de excepción, aunque ha sido presentado por el Estado salvadoreño como una forma de garantizar el combate al crimen organizado, las pandillas y las maras, y como una política en materia de seguridad ciudadana, es una medida que empezó como algo extremo pero temporal y se ha convertido en una forma continua, sistemática, de vulnerar derechos humanos. Ya son más de 66 000 las personas detenidas”, dijo Alejandra Burgos, también integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
¿Quién cuida a los cuidadores?
Ante este escenario, la psicóloga costarricense Ruth Quirós se pregunta: ¿quién cuida a los cuidadores en Centroamérica?
“Muchas veces, los defensores de derechos humanos son las personas que más se descuidan a nivel personal, porque se entregan tanto a su trabajo que se olvidan de sí mismos”, aseveró. Al hacer énfasis en el autocuidado, recomendó “analizar que ‘primero estoy yo’, y que ser un defensor de derechos humanos no anula mi humanidad. Que también necesito atención y que esto puede llegar a afectar mi vida” a nivel físico, psicológico y emocional.
La experta explicó que entre las consecuencias de sufrir cualquier tipo de agresión están la depresión profunda y otros trastornos, principalmente ansiedad, aunque también le ha tocado atender a defensores con estrés postraumático debido a la persecución, el asedio y la intimidación que han sufrido, lo que los mantiene en un estado de alerta permanente.
Otras reacciones que ha observado son los pensamientos negativos y emociones tan intensas que son difíciles de controlar, destacando ataques de ira y de ansiedad; estados de tristeza que se convierten en depresión, así como conductas destructivas y autosaboteadoras, entre las cuales incluye consumo de sustancias como alcohol y drogas.
Quirós dijo que en el 100% de los casos el Estado es el responsable de lo que ocurre; “del daño directo y el daño indirecto a las familias, de la separación familiar, de toda la violencia que la sociedad está introyectando, que se está quedando, porque además esto va a causar secuelas a largo plazo”, advirtió.
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