Abogados del Estado se adherirán a investigación de la Pepca en caso Calamar
Podrían variar monto de 26,000 millones en indemnización solicitada en la querella del año pasado
Coerción a detenidos en la operación sigue este miércoles a las 9:00 de la mañana
Tania Molina
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, el grupo de abogados contratados por el Gobierno para recuperar el dinero sustraído al Estado en casos de corrupción, señaló que, como ha ocurrido en otras ocasiones, respetarán la investigación que haga el Ministerio Público en el caso Calamar.
Esto, a raíz de las dudas generadas por el hecho de que los abogados se querellaron contra personas que actualmente son presentadas como testigos en la solicitud de coerción contra los 20 detenidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) durante la Operación Calamar.
Jorge Luis Polanco, que coordina el equipo, explicó a Diario Libre que su querella se hizo en base a las informaciones que estaban disponibles en su momento, pero que la investigación la hace el Ministerio Público.
“Uno plantea las cosas conforme a la data que se tiene, pero quien puede profundizar y encontrar las verdaderas pruebas, al final, es el investigador, que no ha dicho quiénes son y quiénes no (los acusados), solo ha pedido medidas de coerción para algunos en esta etapa”, agregó.
En la querella que presentaron en abril del año pasado ante la Pepca, el Equipo de Recuperación pide accionar contra de varios de los detenidos en la Operación Calamar, entre ellos los exministros Donald Guerrero, de Hacienda; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
Se querellan además contra los empresarios Ramón Emilio Jiménez Collie y Fernando Crisóstomo, quienes figuran como testigos de la Pepca en la solicitud de coerción.
Polanco reitera que se debe esperar el acto conclusivo que presentará la Pepca para conocer quiénes serán los acusados por el entramado que dicen se orquestó desde el Ministerio de Hacienda para desfalcar al Estado dominicano, y por el que solicitaron, entonces, compensación de 26,000 millones de pesos por daños y perjuicios.
Para justificar ese monto, los abogados alegaron que el Estado recibió daños materiales por 13,440.4 millones de pesos, y demandan una cifra similar por reparación del lucro cesante, daño emergente y perjuicio moral.
Pero, Polanco añade que ellos respetarán el trabajo que hagan los investigadores y podrían modificar su pedimento en función de lo que resulte al final del proceso. “La querella de nosotros hace reservas de poder ampliar e incluir nuevas personas, porque se está en fase de investigación. Hay que ir viendo a quiénes va vinculando el Ministerio Público”, dice.
Afirman compró casa con soborno
Una de los 65 testigos propuestos por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la solicitud de medida de coerción a los detenidos durante la Operación Calamar, habría recibido varios millones en sobornos e invertido parte del dinero en la compra de su vivienda.
Se trata de Belkis Tejada Ramírez, quien se desempeñó como consultora jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales, durante el periodo que, según el Ministerio Público, se cometieron los ilícitos que atribuye a la supuesta estructura de corrupción que se dirigía desde el Ministerio de Hacienda.
Con el testimonio de la consultora, el Ministerio Público dice que probará, entre otras cosas, que ésta recibió pago de soborno por su participación en los casos de expropiación de terrenos, los que habría recibido a través de Grupo Dibefe, S.R.L., y Joar Emir Hernández.
Pone de ejemplo que, a través de la empresa Dibefe, la exconsultora compró la casa donde reside (que está ubicada en el sector Las Praderas) en 13 millones de pesos y que, en reparación de la vivienda, invirtió lo que costó o más.
Sigue la coerción
La coerción a los 20 detenidos durante la Operación Calamar sigue hoy a las 9:00 de la mañana, en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, ante el tribunal.
Basados en las querellas que, como en este caso y otros procesos penales ha presentado el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, los abogados Francisco Franco y Julio Cury cuestionan la calidad de esos abogados para actuar en nombre del Estado. Entienden que sus acciones son más a nombre de la Presidencia o de la Administración Pública Central. Plantean que el Estado es la suma de los tres poderes clásicos y de los órganos constitucionales extrapoder y que el Presidente de la República solo representa al Estado en el marco del derecho internacional no en el orden interno. Eso así, explican, porque el conjunto de órganos que lo integran “solo representan al aparato organizativo del Poder Ejecutivo”. Cury considera que, “en buen rigor jurídico”, solo el Ministerio Público pudiera reclamar indemnización a nombre del Estado en el marco de los procesos penales.
Tania MolinaPeriodista y docente universitaria, con un máster en Comunicación Corporativa. Es redactora senior en Diario Libre. Acumula experiencia en el periodismo de investigación, de datos y como reportera, laborando en periódicos dominicanos y colaborando con medios internacionales. Es miembro de la comunidad periodística Connectas Hub.
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